París, 15 sep (EFE).- Los diputados franceses aprobaron hoy la
revisión de la ley destinada a perseguir la piratería en internet,
después de que el Consejo Constitucional anulara en junio pasado la
primera redacción por considerarla contraria a la Carta Magna.
Los diputados adoptaron la ley con 285 votos a favor, los de los
conservadores de la UMP y los centristas del NC, y 225 en contra,
procedentes de la oposición ecologista y de izquierda.
La ley deberá pasar un nuevo filtro legal con la adopción
definitiva del texto elaborado por una comisión mixta de diputados y
senadores, prevista para los próximos días.
El Partido Socialista anunció que volverá a recurrir el texto
ante el Consejo Constitucional, que ya le dio la razón en la ley
anterior.
El órgano encargado de determinar la constitucionalidad de las
leyes revocó la adoptada inicialmente puesto que permitía que fuera
una comisión administrativa la que dictara las sanciones a los
internautas que se descargaran archivos de forma ilegal.
Según el Constitucional, esa decisión corresponde exclusivamente
a los tribunales.
El nuevo texto respalda este principio y establece que sea un
juez quien imponga las sanciones, lo que ha rebajado las
expectativas de los impulsores del texto.
Si inicialmente esperaban proceder a unas 365.000 sanciones
anuales, con la lentitud de los procesos judiciales aspiran a un
máximo de 50.000.
Estos procesos serán similares a los que establece la ley para
imponer multas a los automovilistas pillados por los radares
automáticos, los que no precisan de una intervención de agentes.
La sanción será decidida por un único juez y sólo pasará ante un
tribunal correccional, compuesto de tres magistrados, en caso de
recurso de la misma.
Los parlamentarios han mantenido la obligación de que el
internauta deba recibir dos advertencias -una por correo electrónico
y otra por correo certificado- antes de que se proceda a interrumpir
el acceso a la red, al igual que la obligación de seguir pagando el
abono mientras dure el corte.
La nueva ley mantiene la sanción gradual, que puede ir de una
suspensión del acceso a internet de un mes a un año.
El texto prevé que las sanciones sean también aplicables a las
descargas ilegales que se hagan desde teléfonos móviles con acceso a
internet. EFE