David Blanco Bonilla
Lima, 14 jun (EFE).- La empresa Doe Run, propiedad del magnate
estadounidense Ira Rennert, ha revivido en Perú los peores fantasmas
que estigmatizaban a la gran minería: contaminación, incumplimiento
de obligaciones y una actitud que llega a retar a las autoridades
gubernamentales.
La compañía está hoy en el centro de la polémica después de que
sus trabajadores en La Oroya, 185 kilómetros al este de Lima, se
declararan en huelga para exigir la reapertura de la planta.
Doe Run Perú, que cuenta con unos 3.000 trabajadores, opera el
Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en
la región Huancavelica, desde 1998, donde produce principalmente
plomo, zinc, cobre, plata y oro.
A partir de la crisis financiera internacional, la minera
paralizó el año pasado sus operaciones en La Oroya aduciendo que no
tenía recursos económicos suficientes, después de que se le
suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
Antes de esa medida, la empresa había pedido repetidas veces que
se postergue el plazo para cumplir con su Plan de Adecuación y
Manejo Medioambiental (PAMA) en La Oroya, una localidad considerada
entre las cinco más contaminadas del mundo.
Aunque la contaminación se originó mucho antes de la llegada de
Doe Run, estudios especializados señalan que actualmente el 97% de
los niños de hasta seis años tienen en La Oroya niveles elevados de
plomo en la sangre y son propensos al cáncer.
Las acciones de grupos ambientalistas y sociales, y hasta la
intervención del Tribunal Constitucional, no han evitado que estos
índices se mantengan, al punto que se denuncia que la metalúrgica
tiene emisiones de plomo once veces más que las del complejo de Doe
Run en Herculaneum, Estados Unidos.
Además, en 2008 la prestigiosa revista peruana Caretas reveló que
mientras Doe Roe argumentaba problemas financieros para cumplir con
sus compromisos ambientales, Ira Rennert gastó 55 millones de
dólares en comprar dos exclusivos departamentos en Manhattan.
Las dilaciones y exigencias de la empresa llegaron, al parecer,
al tope el pasado fin de semana, cuando planteó una nueva agenda de
cuatro puntos que llevó hoy al presidente Alan García a acusarla de
querer "chantajear" a las autoridades peruanas.
Ya el ministro peruano de Energía y Minas, Pedro Sánchez, había
remarcado el último domingo que Doe Run ha incumplido
"sistemáticamente" con sus compromisos.
Sánchez dijo que Doe Run ahora pide que el Estado modifique el
contrato de privatización de 1997 para "blindar" a sus accionistas y
afiliados ante las denuncias sobre responsabilidad ambiental y así
librarse de los juicios que tiene en el exterior.
También que se le fraccione la deuda con el Tribunal Fiscal y la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), que
supera los 760 millones de soles (262 millones de dólares).
Este pedido fue rechazado hoy por el primer ministro peruano,
Javier Velásquez, quien reveló que los abogados de Rennert le
plantearon un mecanismo de pago "inadmisible".
"Si debían un millón, pedían un año para pagarlo. Si debían
cinco, requerían 5 años. Deben más de 700. ¿Se imaginan en cuántos
años quieren pagar sus tributos?", declaró al dar a conocer que la
compañía busca pagar su deuda en más de 700 años.
Pero la minera también ha solicitado mayor tolerancia en las
exigencias de los estándares ambientales hasta la conclusión del
proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Ácido Sulfúrico de
Cobre, que originalmente debieron estar concluidos en 2008.
Doe Run exige, por último, que el Gobierno lo exonere de todas
las multas que le ha impuesto el organismo supervisor Osinergmin por
incumplir los compromisos establecidos en los últimos diez meses.
Estos nuevos pedidos han colmado la paciencia de las autoridades,
al punto que la ex directora general de Minería María Chappuis dijo
hoy que el Gobierno no debe "perder más tiempo" en negociar con la
firma estadounidense.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la ex
funcionaria consideró que el Gobierno ha sido "muy flexible" con la
minera y denunció que la planta de ácido sulfúrico "ni siquiera
cumple" con los estándares internacionales de protección ambiental.
"Todas las fundiciones del mundo captan el 99% de dióxido de
azufre; la planta que construyen en La Oroya no llega a esa
porcentaje. Hasta en eso el Gobierno ha sido flexible", subrayó.
El presidente Alan García pidió hoy a los trabajadores de Doe Run
que no caigan "en el juego de la empresa", y recalcó que su Gobierno
no puede "ser puesto contra la pared por una empresa que ha
incumplido los plazos y las inversiones a las que se comprometió".
García enfatizó que existen otras grandes mineras, entre las que
mencionó a Southern Perú, que ha invertido 500 millones de dólares
para no contaminar el medio ambiente.
El Gobierno ha prometido no dar marcha atrás y ratifica que
cerrará la planta y la someterá a un concurso público si no se
reanudan las operaciones antes del 24 de julio.
De darse este caso, también se ofrece un proceso de reconversión
laboral para ubicar a los obreros en otros proyectos mineros, aunque
estos se niegan a abandonar una ciudad en la que, literalmente, han
dejado la vida. EFE