Quito, 23 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador comenzará en las
próximas semanas la aplicación de un plan de redistribución de
tierras, que contempla la transferencia de terrenos de propiedad
pública y privada calificados como "incultos" a familias campesinas,
informó hoy el ministro de Agricultura, Ramón Espinel.
Espinel explicó que el plan de redistribución prevé, en primer
lugar, la transferencia de las tierras que son propiedad de
diferentes instituciones estatales y que no están dedicadas a la
producción agrícola a familias campesinas .
Esos terrenos serán transferidos "en forma asociativa", con un
programa a través del cual las familias recibirán "un apoyo para
ponerlas a producir debidamente y llevarlas a niveles óptimos de
producción".
Ese programa "se acompañará con créditos, asistencia técnica,
provisión de insumos, procesos de comercialización, de organización
asociativa y de capacitación y transferencia de tecnología", precisó
el ministro.
Al mismo tiempo, el Gobierno comenzará a aplicar la Ley de
Desarrollo Agrícola que determina que las tierras privadas que
llevan dos o más años sin ser explotadas "no están cumpliendo su
función social" y deberán ser "revertidas" a los campesinos.
En este caso, las familias también recibirán ayudas similares a
los del primer programa.
Espinel subrayó que el proceso de transferencia de tierras "no
será gratuito" sino que el Gobierno definirá un pago "que signifique
el valor de la tierra" y para lo cual "se establecerán créditos" que
permitan a los campesinos pagarlas "de una forma adecuada".
Ante los temores que despierta a los propietarios el plan
agrícola del Gobierno, Espinel fue enfático en afirmar que los
programas, "bajo ningún concepto", implican "ni el apoyo ni la
permisividad" con la toma o invasión de tierras, privadas o
públicas.
"Es importante que quede claro que las invasiones de tierras no
son ni apoyadas ni permitidas por el Estado y que serán debidamente
controladas, sancionadas y desalojadas", añadió.
Detalló que, de los terrenos propiedad del Estado, se han
identificado unas 65.000 hectáreas que "pueden ser transferidas sin
mayor dificultad" y otras 65.000 en las que habría que realizar un
análisis más exhaustivo porque pueden formar parte de áreas de
reserva natural.
Sobre las tierras de propiedad privada, explicó que aún se
trabaja en un catastro para determinar la cantidad de hectáreas
susceptibles de ser revertidas a los campesinos, pero señaló que las
primeras estimaciones señalan alrededor de 1,5 millones de
hectáreas.
"Hasta el momento tenemos un avance (catastral) sobre tierras
incultas que representan alrededor de 35.000 hectáreas y que serán
intervenidas en las próximas semanas", aseguró.
Además, adelantó que en los programas para las tierras de
propiedad privada no se tendrá en cuenta la plusvalía de canales de
riego o caminos porque "es una plusvalía que el Estado le ha dado a
la tierra, por tanto sería totalmente injusto e improcedente que el
Estado tuviera que pagar por algo que él mismo ha invertido".
El ministro manifestó que el Gobierno no considera a la tierra
"como una mercancía, sino en su función social", es decir, que sea
"un medio de producción, un lugar de asentamiento y una forma de
vida".
"La sociedad debe asumir el control de las tierras incultas
básicamente porque tienen que cumplir su función social", apostilló.
EFE