Quito, 5 feb (EFE).- La ex presidenta del Parlamento Andino y ex
candidata presidencial de Ecuador Ivonne Baki, que integra el equipo
negociador de la iniciativa Yasuní-ITT, opinó hoy que es
"obligación" de las naciones industrializadas colaborar con ese
proyecto para mantener el petróleo bajo tierra.
Baki aseguró en declaraciones a Canal Uno que con la iniciativa
para dejar bajo tierra el petróleo de los campos Ishpingo Tambococha
Tiputini (ITT), "Ecuador está contribuyendo al mundo".
"No hemos dañado el ambiente nosotros en el Ecuador; estamos
ofreciendo lo que tenemos, que son los pulmones hacia el mundo.
Ecuador tiene los pulmones del mundo porque la Amazonía es la que da
ese oxígeno. Creo que es una obligación de los países
industrializados apoyar", señaló.
Baki, ex ministra de Comercio y ex embajadora de Ecuador en
Estados Unidos, fue designada esta semana como integrante de la
comisión negociadora para captar el apoyo internacional a la
iniciativa.
El pasado miércoles, al anunciar a los integrantes del nuevo
equipo para adelantar la iniciativa, el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, aseguró que el proyecto ambiental Yasuní-ITT, es un
"símbolo de la necesidad de una transición energética mundial".
Mediante el decreto, Correa oficializó ese día un equipo
intergubernamental, liderado por la ministra coordinadora de
Patrimonio Natural y Cultural, María Fernanda Espinosa; y uno
técnico, integrado por varios expertos en diversas áreas.
La nueva organización de la iniciativa se formó luego de que el
anterior equipo dimitiera en enero en bloque, incluido el entonces
canciller Fander Falconí, poco después de que Correa criticase
algunos puntos del proceso negociador.
El proyecto ambiental prevé dejar bajo tierra una reserva
petrolera probada de 846 millones de barriles de crudo, que
supondrían para el país ingresos por unos 7.000 millones de dólares.
Ecuador propone no explotar la reserva, que se encuentra en un
reducto amazónico de alta biodiversidad, para evitar la emisión a la
atmósfera, según dijo Correa, de 407 millones de toneladas de
dióxido de carbono (CO2).
A cambio, Quito pide una compensación económica internacional de
al menos la mitad de los ingresos que obtendría por la venta de ese
petróleo.
Los fondos obtenidos serían administrados por un fideicomiso
internacional que, bajo liderazgo de Ecuador, estaría gestionado por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). EFE