Quito, 1 mar (EFE).- La Procuraduría General ecuatoriana reiteró
hoy su rechazo a la demanda de arbitraje tramitada por la petrolera
Chevron-Texaco contra el país ante la Corte Permanente de Arbitraje
de La Haya y recordó que la próxima semana una corte de Nueva York
discutirá la moción de juicio sumario que presentó Ecuador.
La petrolera tramitó en septiembre de 2009 una solicitud de
arbitraje al considerar que, en el juicio que afronta en una corte
ecuatoriana, por una demanda de 27.000 millones de dólares por
supuestos daños ambientales en una zona de la Amazonía, existe
"colusión" o un pacto entre el Estado ecuatoriano y los demandantes.
Además, según la Procuraduría, Chevron también alegó que Ecuador
incumplió las disposiciones del Tratado Bilateral de Inversiones
entre el país andino y Estados Unidos al permitir que procediera el
juicio instaurado en 2003.
El procurador general, Diego García, explicó a Efe que, con la
moción presentada por el país, ante el mismo juez que resolvió en
2003 el traslado del juicio de Estados Unidos a Ecuador, se pretende
que "Chevron no pueda iniciar un proceso arbitral".
En un comunicado, la Procuraduría recordó que fue la propia
petrolera quien, entre 1993 y 2002, buscó que se trasladara de país
el juicio en su contra y que, entonces, defendieron que el caso
"debería ser decidido en las cortes de Ecuador".
"En apoyo a esa moción, Texaco entregó más de diez declaraciones
juramentadas de distinguidos expertos legales ecuatorianos
declarando que las cortes (nacionales) proveen más que un adecuado
foro para los reclamos presentados por los demandantes".
Sin embargo, según el texto de la Procuraduría, el pasado
septiembre Chevron presentó una demanda de arbitraje en la que
contradice esos argumentos y en la que alega que "mediante actos y
omisiones", se pretende imponer a la petrolera "obligaciones y
responsabilidades" que, según la empresa, le competen al Estado.
De acuerdo con la institución ecuatoriana, con el arbitraje, la
petrolera pretende lograr una declaración de no responsabilidad por
el impacto ambiental y de que Ecuador debe "indemnizar" a Chevron,
entre otros aspectos.
Además, la Procuraduría niega que el Estado esté involucrado en
el juicio por daños ambientales y rechaza la acusación de que sus
instituciones realicen una investigación parcial en el escándalo de
unos vídeos, grabados clandestinamente.
Según la petrolera, de esos vídeos se deduce que un juez,
anterior titular del caso, estaría implicado en un caso de
corrupción.
"Las investigaciones, tanto de la Fiscalía como la del Consejo de
la Judicatura, han sido objetivas y continuarán, como no puede ser
de otra forma, siendo efectuadas de forma objetiva, transparente y
justa", señala el texto.
Respecto a ese tema, la petrolera emitió hoy un comunicado en el
que asegura que el perito encargado de investigar la autenticidad de
los vídeos clandestinos determinó que "son auténticos y no tienen
alteraciones".
"El análisis del experto contradice las declaraciones realizadas
por el juez", "representantes del Gobierno ecuatoriano", y de los
demandantes, agrupados en el Frente de Defensa de la Amazonía, que
"manifestaron que el vídeo había sido manipulado", recoge el
comunicado de la petrolera.
La Procuraduría asegura que, cuando Chevron pidió trasladar el
juicio a Ecuador, "prometió de manera reiterada a la Corte que
aceptaría cualquier sentencia adversa que pueda ser dictada por la
corte ecuatoriana".
"Si se dicta una sentencia desfavorable, y si Chevron desea
argumentar que cualquier sentencia fue viciada por la interferencia
política o fraude, es libre de hacerlo bajo el contexto de
ejecución" de la sentencia, explicó.
"Pero ha renunciado a su derecho de multiplicar la litigación al
continuar iniciando nuevos procedimientos legales", añadió. EFE