Rocío Otoya
Lima, 18 may (EFE).- Lima acoge hoy un simposio internacional
sobre el oro, un metal que con sus altos precios ha despertado el
interés de compañías mineras tradicionales y puesto de manifiesto
problemas sociales y ambientales típicos del siglo XXI.
Perú, donde la minería representa el 60 por ciento del total de
las exportaciones del país, tiene en esta actividad una cantera de
conflictos entre las empresas extractoras y las poblaciones donde
operan, principalmente por la falta de comunicación, la desconfianza
y la ausencia del Estado.
Convertido en el primer productor de plata y teluro del mundo, el
segundo de cobre y zinc, el tercero en estaño y el sexto en oro,
Perú tiene cerca de 20 millones de hectáreas dedicadas a la
actividad minera entre exploración y explotación, lo que representa
alrededor de un 15% del territorio nacional.
Sin embargo, los análisis geológicos señalan que "habría 60
millones de hectáreas con algún tipo de potencial minero en Perú",
explicó a Efe el responsable del área de Minería y Responsabilidad
Social de la Ong CopperAcción, José de Echave, quien enfatizó que
esto hace necesario "planificar el uso sostenible del territorio".
"La gente percibe que el marco legal es profundamente asimétrico,
favorable para las inversiones (mineras) y desfavorable para los
derechos de las poblaciones", agregó el especialista, al puntualizar
que muchos de los conflictos giran en torno a la disputa de recursos
escasos como la tierra y el agua.
Perú, donde en los últimos 15 años el PIB nacional ha aumentado
en 135% y su PIB minero en 260%, es la estrella de la región por su
crecimiento sostenido, aunque aún tiene a cerca del 39% de su
población viviendo en la pobreza, una situación que es caldo de
cultivo para los conflictos sociales.
La minería ha aportado en 2008 unos 6.868 millones de soles
(2.400 millones de dólares) en impuestos a la renta, de los cuales
el 50 por ciento se transfiere -a través del llamado canon minero- a
las regiones y localidades donde realizan sus actividades.
También ha destinado alrededor de 240 millones de dólares en
proyectos de desarrollo sostenible, además de haber comprometido
2.500 millones de soles (unos 880 millones de dólares) en 2006 en
"aportes voluntarios".
A pesar de la fuerte inversión que se ha hecho en los últimos
años" para mitigar la pobreza y desarrollar las zonas donde operan
las mineras, no se ha registrado una reducción de conflictos; "por
el contrario, se han incrementado", admitió el presidente del Comité
de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE), Gonzalo Quijandría, en entrevista con Efe.
Según la Defensoría del Pueblo, en Perú se registraron en abril
pasado un total de 260 conflictos sociales, la mitad de ellos por
reclamos de carácter socio-ambiental, y el 70 por ciento de estos
últimos tienen que ver con la minería, según De Echave.
Quijandría señaló que las mineras que operan sobre todo en zonas
remotas saben "que el Estado no tiene una presencia y lo que nos
reclaman los pobladores, corresponde cumplirlo al Estado".
"Si se deja a la empresa sola mediante proyectos de
responsabilidad social para derrotar la pobreza, estamos perdidos",
añadió el representante empresarial, tras añadir que ya se
redistribuyó mucho dinero de las mineras, pero que estos fondos no
son bien invertidos en desarrollo por las autoridades a nivel
regional y local, situación que enerva a los pobladores.
Con 35.000 millones de dólares en proyectos mineros, Perú es el
país que recibe más inversiones mineras en América Latina, pero
figura -según una encuesta del Instituto Fraser de Canadá entre
3.000 empresas mineras- en el puesto 39 del ránking de percepción
empresarial sobre las políticas públicas, nueve menos que en 2006.
Lo que ahora se plantea es la necesidad de que las mineras
construyan una relación de confianza y de comunicación intensa sobre
los proyectos, dando a los pobladores tiempo suficiente para
estudiar los proyectos propuestos, especialmente en zonas sin
tradición minera.
Para el economista de CopperAcción, los conflictos "siempre
ocurren cuando las empresas no han hecho bien la tarea inicial de
informar y construir relaciones de confianza".
Frente a este estado de cosas, De Echave contrapuso el caso de la
mina Tintaya (en la región suroriental de Cuzco y propiedad de la
suiza Xtrata), que en 2008 recibió el Premio Perú 2021 a la
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de las Empresas. EFE