Managua, 1 mar (EFE).- La principal organización empresarial y la
banca privada de Nicaragua pidieron hoy al presidente del país,
Daniel Ortega, vetar una ley que consideran "confiscatoria" y que
permitirá a miles de productores en mora renegociar sus deudas con
las instituciones financieras.
"Solicitamos el veto total a esta ley", demandaron el Consejo
Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Asociación de Bancos
Privados de Nicaragua (Asobanp) en un comunicado conjunto publicado
en la prensa local.
Ambas instituciones sostienen que esa ley crea un alto grado de
inseguridad jurídica e institucional, "dado que afecta los contratos
debidamente suscritos entre privados".
"Es una ley confiscatoria, que produce efectos retroactivos y
atenta contra el principio de la cosa juzgada", aseguran.
Asimismo, afirman que "castiga" a más del 95 por ciento de los
productores que cumplen con sus obligaciones y "premia" a los malos
pagadores, "reviviendo así la cultura de no pago".
Además, crea un precedente negativo en el clima de negocios,
afectando la inversión, el desarrollo, el empleo, al tiempo que
aumenta el riesgo país, perjudicando no sólo al sector de micro,
pequeñas y medianas empresas, sino también al resto de sectores
productivos y comerciales.
Esa ley dificultará el acceso a las fuentes de financiación
externa y obligará a restringir el crédito, "afectando a todos los
sectores económicos del país y poniendo en riesgo los acuerdos del
Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" y demás
organismos financieros multilaterales, agregan.
El Congreso nicaragüense aprobó el miércoles pasado con amplia
mayoría una ley especial que permitirá la renegociación de deudas
entre unos 5.000 productores agropecuarios y comerciantes morosos y
microfinancieras de Nicaragua, a una tasa de interés no mayor al 16
por ciento anual.
La ley establece que la renegociación entre los clientes que
están en mora al 30 de junio de 2009 y las instituciones financieras
se debe llevar a cabo en un plazo de 120 días, y manda a suspender
los embargos y los juicios.
Además, que los plazos para pagar los adeudos serán de 4 y 5 años
con un período de gracia de seis meses.
La aprobación de esa ley ha causado también la preocupación del
FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Asociación de Microfinancieras de Nicaragua (Asomif) también
ha pedido a Ortega vetar esa ley, de lo contrario, esas
instituciones no recibirán unos 70 millones de dólares de sus
acreedores internacionales para destinarlos a créditos en este país.
También pondría en riesgo unos 350 millones de dólares ya
colocados.
Las 22 microfinancieras que operan en Nicaragua atienden a más de
500.000 clientes.
El Gobierno, a través del asesor para asuntos económicos, Bayardo
Arce, dijo recientemente a los periodistas que esa ley "realmente es
preocupante", "no contribuye en nada a la bien andanza de la
economía" y que analizarán su posible veto.
La polémica ley fue aprobada luego de presiones de productores
agropecuarios y comerciantes con problemas para cancelar sus deudas.
Ese grupo es el mismo que desde hace dos años organizó el llamado
"Movimiento del No Pago" y protagonizó hechos violentos contra
entidades financieras en el norte del país, para protestar contra lo
que califican de "intereses leoninos" de hasta 60 por ciento anual
cobrados por las microfinancieras. EFE