Toronto (Canadá), 24 nov (EFE).- La ex secretaria de Ambiente
argentina Romina Picolotti testificó hoy ante una comisión
parlamentaria canadiense que recibió amenazas contra ella y sus
hijos por parte de compañías mineras extranjeras cuando intentó
endurecer los requisitos medioambientales del sector, informó la
prensa local.
Según la edición digital del periódico The Toronto Star,
Picolotti testificó a través de videoconferencia ante el comité de
Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes del Parlamento
canadiense, como parte de los debates del proyecto de ley, con el
que Ottawa busca ejercer un mayor control sobre las multinacionales
canadienses que poseen minas en países en desarrollo.
Durante su declaración, la ex secretaria argentina, que ocupó el
cargo de 2006 a 2008, dijo:"yo y mi personal más cercano fuimos
amenazados personal y físicamente tras nuestra intervención minero.
Mis hijos fueron amenazados".
Picolotti destacó que las empresas mineras fueron, de todos los
sectores interesados, las que más se opusieron al endurecimiento de
las normas medioambientales.
"Descubrí una y otra vez que los intereses mineros extranjeros en
Argentina eran extremadamente adeptos a promover sus intereses con
las instituciones políticas locales, muchas veces invitando a
funcionarios y ministros a obtener lo que querían en asuntos
sociales y medioambientales sensibles", afirmó.
La ex funcionaria añadió que en su caso la presión se tradujo en
dificultades para implementar las reformas medioambientales y
finalmente en su dimisión.
De aprobarse el proyecto de ley, presentado por el diputado
liberal John McKay, las empresas mineras canadienses que no respeten
en el extranjero normas internacionales de derechos humanos y
medioambientales serían penalizadas.
Canadá cuenta con una de los sectores mineros más activos del
mundo y las empresas canadienses constituyen los principales
inversores del sector en muchas naciones latinoamericanas.
Organizaciones no gubernamentales, como Rights Action, han
denunciado en numerosas ocasiones que compañías mineras canadienses
favorecen las violaciones de derechos humanos en el extranjero,
especialmente en países en desarrollo. EFE