Buenos Aires, 24 ago (EFE).- La presidenta de Argentina, Cristina
Fernández, vetará la ley de emergencia agropecuaria porque es
"imposible" aplicarla, dijo hoy un miembro del Gobierno, cuyo
anuncio desató la inmediata irritación de patronales agropecuarias.
La normativa aprobada la semana pasada por el Parlamento prevé
rebajas impositivas por 180 días como ayuda a agricultores afectados
por la sequía en 37 municipios de la provincia de Buenos Aires, la
más rica del país.
El jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, anunció en
declaraciones a radios locales que tal ley será vetada porque "es
pésima" y "de imposible cumplimiento" en materia impositiva.
Explicó que la rebaja de impuestos estaba orientada a favor de
los productores de trigo y entrará en vigor cuando "ya se ha
cosechado" ese grano, lo cual abre las puertas a maniobras que el
Fisco no podría evitar y no beneficiarían a los agricultores.
"Hace agua por los cuatro costados", aseguró el ministro al
fundar el próximo veto de esa ley, que además dispone 500 millones
de pesos (129,5 millones de dólares) para mitigar daños causados por
fenómenos climáticos, como la sequía de 2008, la peor sufrida por
Argentina en últimas décadas.
La normativa fue aprobada por el Senado el jueves pasado, en
medio de protestas de patronales agropecuarias que la consideran
"insuficiente" y exigen rebajas de los impuestos a la exportación de
granos, en especial la soja, el motivo de la seguidilla de huelgas y
cortes de carreteras que llevaron a cabo el año pasado.
El líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, rechazó hoy el
"inminente veto" de la jefa del Estado, a quien acusó de "faltar el
respeto" a las decisiones del Parlamento.
"Cuando el Congreso sanciona algo a favor de los productores, hay
capacidad de veto", se lamentó luego de advertir que la decisión del
Gobierno "va a generar reacción" porque se trata "de un nuevo ataque
contra los productores agropecuarios".
La Federación Agraria y las otras tres grandes patronales del
campo, que juntas reúnen a unos 290.000 productores, reclaman una
rebaja de diez puntos porcentuales en el tributo a la exportación de
soja (35%), el mayor cultivo del país, así como bajadas menores en
los que pagan el maíz (20%), el trigo (23%) y el girasol (32%).
A comienzos de mes, en la reanudación del diálogo con el campo,
el Gobierno de Fernández rechazó tales rebajas por el impacto que
tendrían en los ingresos del Fisco, pero liberó las exportaciones de
trigo y maíz y flexibilizó las que pesan sobre las de carne de
vacuno.
Argentina comenzó a restringir las exportaciones de granos y
alimentos a finales de 2006 con el fin de asegurar el abastecimiento
doméstico, en vista de que por entonces comenzaron a dispararse los
precios internacionales de esos productos. EFE