Valparaíso (Chile), 21 abr (EFE).- El gobierno de Chile confirmó
hoy que los recursos que las Fuerzas Armadas reciben a través de la
ley reservada del cobre, el mayor producto de exportación chileno,
serán destinados al plan de reconstrucción tras el terremoto del
pasado 27 de febrero pasado.
La información fue entregada por el presidente de la comisión de
defensa del Senado, Patricio Walker, quien explicó que el ministerio
de Defensa acogió favorablemente la propuesta parlamentaria de la
oposición, en orden a dar otro destino a los dineros que provienen
del 10% de las ventas del cobre.
La llamada "ley reservada del cobre" es una anacrónica norma de
la dictadura militar (1973-1990) que otorga fuertes asignaciones de
recursos a las Fuerzas Armadas por vía extraparlamentaria.
"Son cerca de 1.200 millones de dólares, que van a ir para los
Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR) y empresas que tienen
las mismas Fuerzas Armadas y que resultaron destruidas por el
terremoto; y otra parte para la reconstrucción propiamente tal",
explicó.
El senador Walker indicó que 600 millones de dólares se
destinarán a las instalaciones navales ubicadas en el puerto de
Talcahuano, que resultó prácticamente destruido, con una inversión
que se realizará en dos etapas de 300 millones cada una.
"Los otros 600 millones de dólares irán a la reconstrucción
general, vale decir a áreas sociales", acotó.
"Hubiéramos querido más recursos pero el resto de los fondos
están comprometidos para la financiación y para pagar los créditos
de las Fuerzas Armadas en la compra de armamentos", explicó el
legislador.
Patricio Walker destacó que se conversó con el ministro de
defensa, Jaime Ravinet, para buscar fórmulas que permitan reemplazar
el mecanismo de financiación de las instituciones armadas, por
presupuestos plurianuales que permitan una perspectiva de 10 ó 12
años de plazo.
"Buscamos financiar presupuestos por 4 años para las Fuerzas
Armadas pero sin este mecanismo que es absurdo, porque cuando hay
precios muy altos del cobre hay muchos recursos para ellas y cuando
hay precios muy bajos faltan, eso es lo que tiene que cambiar y
determinarlo por la ley de presupuestos", concluyó.
El terremoto y posterior maremoto del pasado 27 de febrero
dejaron como saldo más de 400 fallecidos, 800.000 damnificados y
pérdidas por 30.000 millones de dólares. EFE