Los problemas fiscales de la economía mexicana se están transformando en una verdadera amenaza para la sostenibilidad de su calificación crediticia.
La alta dependencia fiscal de los ingresos petroleros, que explicarán un 34% de los mismos aparece como uno de los elementos que le da más vulnerabilidad a las cuentas públicas.
Por estos momentos, la deuda de México es considerada grado de inversión.
Para colmo, la Ley de Ingresos que fuera aprobada por el Congreso mexicano el pasado fin de semana no resultará una solución al problema ya que no ataca con decisión el aspecto negativo de contar con una base gravable muy baja al tiempo que no elimina la dependencia de los ingresos petroleros.
Según refleja un informe del Santander: “Mantenemos nuestra expectativa de que las calificadoras de riesgo podrían bajar la calificación de la deuda soberana de BBB+ a BBB estable”.
Vale mencionar que S&P y Fitch mantienen en perspectiva negativa a la deuda soberana de México, la cual se ubica en BBB+.
La baja en la calificación agregaría nuevas dificultades al gobierno mexicano ya que implicaría menores inversiones y un mayor costo de financiamiento.
La alta dependencia fiscal de los ingresos petroleros, que explicarán un 34% de los mismos aparece como uno de los elementos que le da más vulnerabilidad a las cuentas públicas.
Por estos momentos, la deuda de México es considerada grado de inversión.
Para colmo, la Ley de Ingresos que fuera aprobada por el Congreso mexicano el pasado fin de semana no resultará una solución al problema ya que no ataca con decisión el aspecto negativo de contar con una base gravable muy baja al tiempo que no elimina la dependencia de los ingresos petroleros.
Según refleja un informe del Santander: “Mantenemos nuestra expectativa de que las calificadoras de riesgo podrían bajar la calificación de la deuda soberana de BBB+ a BBB estable”.
Vale mencionar que S&P y Fitch mantienen en perspectiva negativa a la deuda soberana de México, la cual se ubica en BBB+.
La baja en la calificación agregaría nuevas dificultades al gobierno mexicano ya que implicaría menores inversiones y un mayor costo de financiamiento.