Buenos Aires, 8 ene (EFE).- El Gobierno argentino apelará el
fallo de una jueza de Buenos Aires que hoy suspendió el pago de
deudas soberanas con reservas del Banco Central al aceptar un
recurso de amparo presentado por la oposición política.
"Vamos a apelar el fallo", dijo el ministro del Interior,
Florencio Randazzo, en referencia al dictamen firmado por la
magistrada de lo contencioso administrativo María José Sarmiento.
El fallo de Sarmiento sostiene que debe ser el Parlamento el que
decida el uso de los fondos del Banco Central, tal como aducen las
principales fuerzas de la oposición, según fuentes judiciales y
dirigentes opositores.
Por tanto, quedó suspendido el decreto que la presidenta
argentina, Cristina Fernández, firmó a mediados de diciembre para
crear un fondo con reservas monetarias por 6.569 millones de dólares
para pagar deudas soberanas este año.
El ministro del Interior remarcó a la emisora bonaerense Radio 10
que la jefa del Estado había firmado tal decreto en vista de que el
Parlamento está en receso desde noviembre y para dar certeza a los
acreedores de la deuda argentina "para todo 2010".
Randazzo destacó además que el Banco Central tiene un "nivel de
reservas muy importante" para garantizar el pago de deudas.
El presidente del instituto emisora, Martín Redrado, se opuso a
este empleo de las reservas, por lo que fue destituido por un
decreto que la presidenta y sus ministros firmaron el jueves y entró
en vigor hoy.
Los abogados de Redrado presentaron hoy un recurso contra su
destitución después de que el funcionario ratificara su negativa a
cumplir las ordenes del Gobierno y por considerar que su destitución
solo puede ser decidida por el Parlamento por más que haya sido
designado a propuesta del Ejecutivo.
El Legislativo estará en receso hasta el 1 de marzo, a menos que
el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias, cosa que no ha hecho,
por lo que la oposición busca la forma de convocar una sesión para
semana próxima.
La comisión legislativa encargada de controlar la validez de los
decretos presidenciales está dividida entre ocho oficialistas y
otros tantos opositores, por lo que las disposiciones de Fernández
están vigentes hasta que el Parlamento dirima el asunto, según el
Gobierno. EFE