Buenos Aires, 31 ago (EFE).- El Gobierno argentino formalizó hoy
la decisión de denunciar ante la Justicia la supuesta ilegalidad en
la compra de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín y La
Nación, los principales del país, durante la dictadura militar
(1976-1983).
El Boletín Oficial publicó este martes el decreto de la
presidenta argentina, Cristina Fernández, que instruye a la
Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración del Tesoro de la
Nación (abogados del Estado) "para que intervengan y efectúen las
denuncias y reclamos que correspondan en las causas relacionadas con
la firma Papel Prensa".
El decreto 1210 busca que se investigue el proceso por el cual
los diarios Clarín, La Nación y La Razón -accionista hasta 2000-
compraron la mayoría accionarial de la única fabricante de papel
para periódicos de Argentina.
La resolución está basada en el informe oficial "Papel Prensa: la
verdad", presentado la semana pasada por Fernández, que señala las
presuntas complicidades entre los diarios y la dictadura para la
apropiación de la fabricante de papel, fundada en 1972.
Clarín, que forma parte del grupo homónimo, el mayor multimedia
de Argentina, y La Nación han rechazado tajantemente esos cargos y
denunciado que son víctimas de un ataque el Gobierno contra la
libertad de prensa e información.
Las denuncias del Gobierno también han sido rechazadas por la
mayor parte de las principales fuerzas de la oposición.
La jefa del Estado había instruido por decreto al secretario
argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, "para que ponga
a disposición del Poder Judicial el informe" presentado el pasado
martes por el Gobierno y "para que intervenga como parte
querellante" en las causas en las que se investigue "la comisión de
delitos de lesa humanidad".
La resolución oficial publicada hoy solicita al procurador
Joaquín Da Rocha "que intervenga en las causas relativas a prácticas
desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante,
perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los
restantes accionistas".
Lidia Papaleo, viuda de David Graiver -el dueño original de Papel
Prensa-, declaró la semana pasada ante la Unidad Fiscal de
Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los
Derechos Humanos en una causa que investiga la compra de Papel
Prensa a raíz de una presentación anterior hecha por Duhalde.
Según asegura el Gobierno, cuando Lidia Papaleo vendió las
acciones de la empresa a Clarín, La Nación y La Razón, bajo la
última dictadura militar, lo hizo "bajo amenazas" y "no era libre"
en su proceder.
Tras la muerte de Graiver en un accidente aéreo, en agosto de
1976, tanto Papaleo como varios de sus familiares y de socios del
grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las
acciones de Papel Prensa, según el informe oficial.
La operación de venta se hizo en noviembre de 1976 y en marzo de
1977 Papaleo fue secuestrada por la dictadura, torturada, violada y
condenada a cinco años de prisión por complicidad del Grupo Graiver
con la guerrilla de Montoneros, formada en los años setenta por
sectores de izquierda y nacionalistas del Partido Justicialista
(peronista).
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín
(49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la
agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos
de terceros. EFE