Buenos Aires, 1 sep (EFE).- El Gobierno argentino ratificó que
grandes grupos multimedia del país deberán desprenderse de canales y
radios en el plazo de un año para adecuarse a la nueva ley de Medios
Audiovisuales, cuya reglamentación puso en vigor hoy a pesar de
fallos judiciales que han frenado esa normativa.
Mediante un decreto de la jefa de Estado, Cristina Fernández,
publicado en el Boletín Oficial, se dispuso además que la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo de
control, establezca "las normas complementarias y aclaratorias" a la
reglamentación de la ley que entra en vigor.
Entre otros puntos, la ley establece que una empresa no puede
tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el
límite legal anterior, medida rechazada por grupos multimedia, entre
ellos Clarín, el mayor del país, que es blanco de ataques del
Gobierno en un enfrentamiento que se agudizó en los últimos meses.
También dispone que una misma compañía no puede ser dueña de un
canal de televisión abierta y de uno por cable en una misma
localidad, además de prohibir el acceso de compañías telefónicas a
los medios audiovisuales por cable.
La ley fue aprobada por el Parlamento en octubre pasado en medio
de críticas de la oposición política, pero algunos de artículos
están suspendidos por ordenes judiciales, entre ellos el que fija un
plazo de un año para que los grandes grupos multimedia se desprendan
de radios y canales de televisión para adecuarse al nuevo cupo de
licencias.
El director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, Gabriel Mariotto, ratificó hoy esas directrices al
remarcar que la nueva normativa es "profundamente antimonopólica".
"Los que están en posición dominante, es decir, los que tienen
más licencias que las que la ley permite, hablan de desinversión.
Nosotros hablamos de que hay que ajustarse a derecho", declaró a la
emisora Radio 10 de Buenos Aires.
Mariotto confirmó que el Grupo Clarín "tiene más licencias que
las permitidas" en Buenos Aires y otras ciudades, al igual que el
multimedia argentino Supercanal en la provincia de Mendoza (oeste),
fronteriza con Chile.
"Con esto se ataca la columna vertebral del monopolio. Con esto
hay posibilidades de que haya pluralidad y diversidad", puntualizó
luego de asegurar que la nueva normativa no tiene injerencia en los
contenidos de los medios de comunicación.
"Si pasáramos el mapa de medios de Argentina por la matriz del
marco jurídico" de Estados Unidos, de Canadá "y dictámenes de
organismos internacionales de Derechos Humanos también aparecerían
posiciones dominantes y tendrían que desprenderse (de licencias)",
subrayó.
El Gobierno de Fernández acaba de formalizar su decisión de
presentar demandas judiciales por presuntas ilegalidades en la venta
de la fábrica de papel de periódicos Papel Prensa a los diarios
Clarín y La Nación, los de mayor tirada del país, durante la
dictadura militar (1976-1983).
Clarín y La Nación denunciaron que son objeto de "persecución" y
"hostigamiento" de parte del Gobierno, al que acusan de "falsear" la
historia de la venta de Papel Prensa, que se concretó en noviembre
de 1976, varios meses antes de que miembros de la familia Graiver,
antiguos dueños de la empresa, fuesen secuestrados por el régimen
militar.
El Gobierno también ha cancelado la licencia como operadora de
Internet a la firma Fibertel, fusionada con Cablevisión, del Grupo
Clarín, por incumplimientos en la normativa de telecomunicaciones,
cargos que rechaza el conglomerado de medios en un litigio que se
dirimirá en los tribunales. EFE