Santiago de Chile, 30 ago (EFE).- El Gobierno chileno descartó
hoy hacerse cargo de los sueldos de los trabajadores de la mina San
José, en la que 33 mineros permanecen atrapados desde el 5 de agosto
en una galería a 700 metros de profundidad.
Los dirigentes sindicales de la empresa habían solicitado que el
Estado asuma el pago de sus salarios hasta que se concrete el
rescate de los 33, lo que puede llevar entre tres y cuatro meses,
según los encargados de esa tarea.
El Gobierno "no puede legalmente hacerse cargo de
responsabilidades laborales tales como el pago de remuneraciones o
las cotizaciones previsionales (seguridad social)", dijo a los
periodistas el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda,
Las autoridades dijeron que se pagaron los sueldos de agosto,
pero que existe incertidumbre sobre los del próximo mes.
La mina San José tiene una dotación de 134 trabajadores, mientras
el total de asalariados de la Minera San Esteban, propietaria del
yacimiento, asciende a 258.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo, por su parte,
que es necesario entregarles a los trabajadores afectados
"alternativas de empleos, una bolsa de trabajo", para lo cual el
Gobierno se ha contactado con mineras de Atacama, Antofagasta y
Coquimbo.
El dirigente sindical Javier Castillo consideró, en tanto, que
"el marco legal vigente es el que tiene a 33 compañeros atrapados y
tres muertos (en accidentes anteriores), por lo que se necesita "una
voluntad política mayor para resolver la situación de los
trabajadores de la empresa.
Mientras la expectación reinaba hoy en la mina ante el inminente
inicio de la perforación de un conducto para rescatar a los mineros,
el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que la primera etapa
de recuperación de los 33 atrapados finalizó "exitosamente".
"Les dimos medicamentos, les tomamos exámenes, medimos su presión
arterial, pulso, temperatura, circunferencia abdominal todos los
días, les suministramos vacunas y hemos logrado un flujo adecuado de
agua y nutrientes de alto nivel para empezar a recuperarlos",
explicó.
Ahora, añadió, ha comenzado una fase de estabilidad, "por raro
que resulte decirlo en esta situación tan única".
"Debemos pensar en tres meses en que los mineros van a tener que
vivir en su campamento, que han denominado el 'Campamento de los
33', en condiciones de extremo aislamiento y dependiendo del mundo
exterior a través de un conducto de 700 metros de largo y ocho
centímetros de diámetro", precisó.
Este lunes renunció a su cargo el Secretario de Salud de Atacama,
Raúl Martínez, que aparece como quien autorizó la reapertura de la
mina San José el pasado 28 de julio, tras haber sido cerrada por un
accidente que le costó una pierna al minero Gino Cortés.
Para el sindicalista Javier Castillo, renunciar "era lo mínimo"
que podía hacer Martínez, sin cuya decisión "a lo mejor no
estaríamos lamentando lo que estamos lamentando hoy".
Mientras, la Fiscalía solicitó una orden de arraigo contra los
dueños de la mina, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, para evitar que
salgan del país mientras se investiga el accidente.
Fuentes parlamentarias dijeron hoy que ambos aceptaron declarar
ante la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga también el
suceso.
Los empresarios deberían comparecer este martes ante la Comisión,
tras haberse negado a hacerlo la semana pasada, cuando su abogado
dijo que no disponían de tiempo debido a la situación en la mina.
Este lunes se recibió también un saludo de apoyo de parte del
secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban
Ki-Moon, quien señaló a través del portavoz del organismo, Martin
Nesirky, "que está con ellos durante estos duros tiempos que se
avecinan y que confía en que aguantarán y se mantendrán firmes". EFE