San José, 23 feb (EFE).- El Gobierno de Costa Rica avaló a una
nueva junta directiva de los empleados portuarios del Caribe
integrada por dirigentes que apoyan su proyecto de privatización de
los puertos, mientras el sindicato anunció hoy que luchará contra lo
que consideran un "golpe".
Ronaldo Blear, quien hasta hoy era el secretario general del
Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria de
la Vertiente del Atlántico (Sintrajap), declaró hoy a periodistas
que esta agrupación ha sido víctima de un "golpe de estado al
sindicalismo" por parte del Gobierno.
En una resolución con fecha del pasado viernes y hecha pública
hoy, el Ministerio de Trabajo avaló una asamblea de trabajadores
celebrada el 15 de enero pasado en la que se eligió una nueva junta
directiva.
En esa asamblea, no convocada por Sintrajap, 687 de los cerca de
1.000 empleados de Junta de Administración Portuaria de la Vertiente
del Atlántico (Japdeva) votaron a favor de la concesión portuaria
que impulsa el Ejecutivo, pero a la cual el sindicato comandado por
Blear se opone rotundamente.
La resolución afirma que "entiende este departamento (del
Ministerio) que la junta directiva es simple depositaria de la
voluntad de la asamblea general y que como tal puede, en
circunstancias como las presentes, recuperar sus potestades, tal
cual sucedió en este asunto",
En tanto, Blear afirmó: "Vamos a dar la lucha en las calles y en
los tribunales de justicia" y recordó que la directiva sindical
liderada por él tiene previsto terminar su periodo en febrero de
2011.
La nueva cúpula sindical, conformada por 14 personas, es liderada
por Douglas Brenes, un capitán de remolcadores con 29 años de
experiencia en los puertos caribeños, por donde se mueve el 80% del
comercio internacional de Costa Rica.
Este nuevo liderazgo sindical está de acuerdo en la concesión de
los puertos a cambio de una indemnización de 137 millones de dólares
que el Estado se comprometió a pagar.
Para modernizar los puertos de Moín y Limón, el Gobierno calcula
que son necesarios 800 millones de dólares, una cifra que asegura es
imposible invertir con recursos públicos y que sólo podría cubrir
una empresa privada.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa
Privada (UCCAEP) ha insistido en los últimos meses en la necesidad
de entregar a una empresa privada los puertos caribeños, para
aumentar la competitividad del país.
La eficiencia de los puertos del Caribe ha sido criticada por el
sector exportador debido a la lentitud con la que algunas veces se
trabaja, lo que provoca retrasos en las entregas y recepción de
productos. EFE