San José, 27 jul (EFE).- El Gobierno costarricense anunció hoy
que no anulará la concesión otorgada a una empresa canadiense para
un proyecto de minería de oro a cielo abierto que ha generado gran
polémica en el país.
La presidenta Laura Chinchilla indicó en una rueda de prensa que
eliminar el permiso de operación de la mina "Las Crucitas", en la
zona norte del país, implicaría al Estado el pago de una millonaria
indemnización a Industrias Infinito, subsidiaria en Costa Rica de la
canadiense Vanessa Ventures.
Chinchilla dijo que el Ejecutivo espera el fallo del Tribunal
Contencioso Administrativo, donde se realiza un juicio sobre el
caso, pues grupos ambientalistas sostienen que la mina causará un
grave daño ecológico a la zona.
La mina inició trámites desde 1993 y recibió todos los permisos
exigidos por la ley costarricense.
Incluso el ex presidente Óscar Arias (2006-2010) declaró el
proyecto de "conveniencia nacional", lo que permitió una tala masiva
de árboles protegidos que derivó en denuncias judiciales aún
pendientes por parte de grupos ambientalistas.
No obstante, en abril pasado la Sala Constitucional declaró que
la mina ha cumplido con todos los requisitos para operar, aunque el
Gobierno tiene la potestad para anular la concesión, asumiendo las
responsabilidades del caso.
Chinchilla reiteró que su Gobierno se opone a la minería metálica
a cielo abierto, y que por eso, uno de sus primeros decretos fue
para prohibir este tipo de proyectos para el futuro.
Además, el Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto para
modificar el Código de Minería en el que quedarán prohibidos tanto
la minería metálica como la extracción de petróleo, añadió.
La mandataria subrayó que en el caso de "Las Crucitas" se
conformará una comisión para fiscalizar la operación minera, si esta
recibe luz verde en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Hace pocos días un grupo de activistas caminó casi 200 kilómetros
desde San José hasta la sede de la mina para solicitarle a
Chinchilla que anulara los permisos para su operación, por lo que
grupos ambientalistas manifestaron hoy sentirse decepcionados con la
decisión de la gobernante. EFE