México, 20 nov (EFE).- El Gobierno mexicano consideró hoy que el
presupuesto del Estado para 2010 es un "paquete financiero de
transición que exige, requiere o que avisa de la necesidad de otras
reformas" en distintos sectores del país.
La Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos (gastos) aprobados
por el Legislativo entre octubre y mediados de este mes fueron
considerados por el secretario de Gobernación (Interior), Fernando
Gómez Mont, como "una victoria de la política" que "no debe ser
despreciada como un ejercicio político de baja calidad".
La mayoría de analistas considera que México debe avanzar hacia
nuevas reformas en materia laboral, de telecomunicaciones y
competencia, entre otras, si quiere alcanzar mayores niveles de
crecimiento económico.
Durante la gestión del presidente mexicano, Felipe Calderón, el
Ejecutivo ha impulsado una reforma energética, dos fiscales, una
judicial y una del sistema de seguridad social de los trabajadores
del Estado.
En un encuentro con corresponsales extranjeros, el ministro
mexicano sostuvo que la reforma fiscal aprobada, considerada
insuficiente por los más críticos, "es la que se alcanzó con el
consenso".
El Partido Acción Nacional (PAN), del presidente Calderón,
carecía de peso suficiente en el Congreso para aprobar por sí mismo
el presupuesto, lo que hizo que tuviera que aceptar importantes
modificaciones hechas al mismo por el Revolucionario Institucional
(PRI), el mayor grupo de la oposición.
Entre lo positivo del presupuesto para 2010, Gómez Mont destacó
que genera recursos suficientes para que el Estado cumpla con sus
funciones y, a la vez, atempera "regímenes (fiscales) especiales que
en el pasado habían funcionado".
"Se reconoce que la renta petrolera se está acabando, que tenemos
que encontrar nuevas fuentes de ingresos públicos y se desataniza el
IVA (sube del 15 al 16%), que es importante", añadió.
También confió en que el presidente Calderón no vete el plan de
presupuesto del próximo año, aunque recordó que la decisión última
sobre el asunto corresponde al mandatario.
Finalmente y en relación con la extinción de la empresa pública
de electricidad Luz y Fuerza del Centro (LyFC), decretada por el
Gobierno el pasado 11 de octubre, dijo que la acción formaba parte
de un compromiso del Ejecutivo para modernizar al sector público.
"Esto no es un suspiro que nace y se agota en LyFC. Es parte de
un esfuerzo constante que se está haciendo por modernizar a las
empresas públicas en este país", añadió.
Según Gómez Mont, la decisión, que contaba con una plantilla de
unos 44.500 empleados, forma parte de un esfuerzo constante que
obliga a las autoridades y a los trabajadores a buscar "mejores
resultados" de la administración pública ante la ciudadanía. EFE