La Paz, 15 feb (EFE).- El Gobierno de Evo Morales convocó a
consorcios jurídicos extranjeros interesados en defender al país en
los arbitrajes interpuestos por las firmas Telecom Italia, Quiborax
de Chile y por el consorcio peruano alemán Oil Tanking - Graña
Montero SA, según informaron hoy medios locales.
La primera convocatoria es para enfrentar el proceso interpuesto
por Telecom Italia, por 350 millones de dólares, por la
nacionalización de sus acciones en la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel) en mayo de 2008 sin previo acuerdo sobre
indemnizaciones.
El segundo pleito es con la empresa chilena Quiborax, cuyas
concesiones mineras en el salar de Uyuni, al suroeste del país,
fueron anuladas en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa
(2003-2005).
El tercer juicio del que debe defenderse el Estado boliviano es
el interpuesto por el consorcio peruano alemán Oil Tanking GMBH -
Graña Montero SA, por la nacionalización de sus acciones en la
Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), intervenida
por el Gobierno en 2008 al no haber llegado a un acuerdo de compra.
El Gobierno de Morales, que aguardará las propuestas hasta el 3
de marzo próximo, ha ofrecido pagar un monto máximo de 450.000
dólares anuales, financiados con recursos del Tesoro General de la
Nación, a cada consorcio que se haga cargo de estos casos.
Los tres procesos fueron iniciados ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), si bien
el Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, renunció a esa
entidad en mayo de 2007 y no reconoce su jurisdicción.
En el caso de Telecom, el Gobierno de Morales reveló el mes
pasado que la ex ministra de Defensa Legal del Estado Cecilia
Rocabado accedió en octubre de 2009 a un nuevo procedimiento de
arbitraje diferente al que se había iniciado ante el CIADI.
Según las autoridades bolivianas, con esta acción, Rocabado
decidió "la renuncia" del Estado boliviano al derecho de objetar la
jurisdicción del nuevo tribunal, por lo que el Ejecutivo denunció
ante la Fiscalía a la ex ministra por un supuesto uso de influencias
a favor de la italiana Telecom.
Sin embargo, el Gobierno de Morales ahora busca abogados para
defenderse en este proceso. EFE