La Paz, 29 dic (EFE).- El Gobierno de Evo Morales anunció hoy que
revertirá al Estado 80.000 hectáreas de una empresa boliviana que se
dedica a la importación de vehículos, productos de consumo masivo y
artículos industriales, pero cuyos terrenos estaban sin producir.
El director de Distribución de Tierras, Cliver Rocha, explicó a
Efe que se tomó la decisión de revertir 80.000 de las 100.000
hectáreas que posee la empresa Hansa en la provincia Iturralde, en
el norte del departamento de La Paz.
La superficie total revertida más que duplica la extensión de la
ciudad oriental de Santa Cruz, que es la más grande del país.
Rocha señaló que la decisión se tomó tras haber realizado un
proceso de titulación de tierras en el norte de La Paz, en el que se
detectó que la mayoría de los terrenos de Hansa no cumplen con la
Función Económica Social (FES) establecida en las normas bolivianas.
Dijo que la resolución para revertir estas tierras se aplicará en
los próximos días, en tanto que fuentes de Hansa, al ser consultadas
hoy por la prensa, señalaron que no emitirán aún ninguna opinión
porque sus ejecutivos se encuentran de vacaciones.
Sobre el punto, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera,
dijo hoy que la decisión "es simplemente un cumplimiento de lo que
dice la norma" en casos de propietarios de tierras que no las tienen
en producción.
Las normas establecen que los predios que no cumplen una función
económica y social deben ser revertidos al Estado para su posterior
distribución a campesinos e indígenas que no posean tierras.
El Gobierno de Morales revertió recientemente 3.000 hectáreas en
la región oriental de Santa Cruz, que pertenecían a la familia del
empresario Osvaldo Monasterio, que entre sus inversiones posee la
cadena de televisión Unitel, uno de los medios más críticos con el
Ejecutivo.
También se tomó la misma decisión sobre 12.000 hectáreas que
pertenecían al empresario opositor Branco Marinkovic de Santa Cruz.
Los líderes cívicos y empresariales cruceños han denunciado
varias veces que las reversiones de tierras son una "persecución
política" del Gobierno en contra de los empresarios de esa región,
lo cual ha sido negado por el Ejecutivo.
Según el Gobierno, las decisiones están justificadas porque en
los casos de las familias Monasterio y Marikovic se detectaron
presuntas irregularidades en las adjudicación de esas tierras. EFE