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Gobierno investiga unos 57 funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito

Publicado 01.05.2010, 18:30
Actualizado 01.05.2010, 19:07

Quito, 1 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló hoy que han abierto investigaciones a cerca de 57 funcionarios de la empresa estatal Petroecuador por supuesto enriquecimiento ilícito y reiteró que el Estado avanza en su intento por cambiar los contratos con las compañías petroleras extranjeras.

En su informe semanal de labores, emitido hoy pero grabado el pasado jueves, Correa insistió en que ha sido "extremadamente duro" el proceso para cambiar los contratos con las petroleras privadas de los actuales de participación a otros de prestación de servicios.

Aceptó problemas internos del Gobierno para avanzar en ese proceso y aseguró que han luchado "no sólo contra las compañías trasnacionales sino con la propia burocracia, muchas veces de Petroecuador, del sector de Minas y Petróleos, etcétera".

"Es increíble cómo ha habido boicot tras boicot para evitar poner en horma a las compañías trasnacionales", apuntó el jefe de Estado.

Agregó que "como mucha gente no trabaja para el Estado, trabaja para las compañías; ya estamos revisando el enriquecimiento ilícito de cerca de 57 funcionarios de Petroecuador que tendrán que explicar de dónde viene la ingente cantidad de recursos que tienen en sus cuentas privadas", advirtió.

Recordó que hace 15 días anunció que enviará a estudio de la Asamblea Nacional una ley que le facilite expropiar los campos petroleros a las compañías que no cambien los contratos de participación por otros de prestación de servicios.

"He dicho que ya se me agotó la paciencia sobre esto, están jugando con nosotros las petroleras", puntualizó entonces Correa.

Añadió que "en las futuras semanas va a haber acciones muy importantes. Estamos mandando una ley a la Asamblea, que me dé facilidades para expropiar los campos petroleros en caso de que estas petroleras no quieran firmar los nuevos contratos de prestación de servicios".

"Expropiar no significa confiscar, significa que se le va a pagar lo que tenemos que pagar" a las empresas extranjeras, aclaró hoy al señalar que se quiere dar, a nivel internacional, la imagen de que en Ecuador no se respeta la propiedad privada cuando en la propia Constitución se garantiza el respeto a los bienes privados.

"Lo que jamás garantizaremos es la explotación y el abuso a nuestro país, más aún con nuestros recursos no renovables", señaló.

Así que, advirtió, "o las empresas siguen las normas que está dictando el Estado ecuatoriano y su legítimo representante, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, o les pagamos sus inversiones y que se vayan a hacer negocios a otro país que se deje explotar", puntualizó. EFE

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