México, 12 nov (EFE). El Gobierno de México condenó hoy el "serio
perjuicio a millones de ciudadanos" causado el miércoles por las
movilizaciones de ex trabajadores electricistas de la empresa Luz y
Fuerza del Centro (LyFC), y señaló que no dará marcha atrás en su
decisión de disolver la empresa.
El secretario (ministro) del Trabajo mexicano, Javier Lozano,
dijo hoy en conferencia de prensa que el derecho a la libertad de
expresión de los ex funcionarios "no puede nunca estar por encima de
otras libertades como las de tránsito, asociación y trabajo" de la
ciudadanía.
Ayer decenas de miles de manifestantes del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), el de la empresa LyFC y de otros sindicatos de
varios ramos económicos, se manifestaron por varios estados de
México y colapsaron durante horas el tráfico en la capital del país.
Mediante bloqueos estratégicos en varios de los accesos de Ciudad
de México pidieron que sea derogado el decreto presidencial de
extinción de LyFC, vigente desde el pasado 11 de octubre, y
amenazaron con convocar a una "huelga nacional" si ello no sucede.
El ministro Lozano reiteró que el Gobierno federal "no dará
marcha atrás" en su decisión, que en su día justificó por lo gravoso
que era para el Estado mantener una empresa con baja productividad,
en la que trabajaban unos 44.500 empleados.
"La extinción de LyFC es un hecho consumado y la liquidación
sigue adelante", señaló Lozano, quien recordó que hasta el momento
un 54,2% de los ex trabajadores, esto es 21.149, han recibido su
liquidación y una compensación adicional ofrecida por el Ejecutivo.
Lozano lamentó sobre todo "la afectación colectiva contra los
ciudadanos, los actos de provocación y los signos de intolerancia
hacia algunos medios de comunicación".
También el ministro hizo énfasis especial en su condena a "la
violencia ejercida contra (cuatro) elementos de seguridad pública,
que realizaron una labor estrictamente preventiva y de control y que
fueron materialmente arrollados por los manifestantes" en la
autopista México-Querétaro.
Como consecuencia de estos últimos hechos hay detenidas once
personas.
Lozano recalcó que "frente a la fuerza de la movilización siempre
será mejor la fuerza de la legalidad y de la razón", y se mostró
convencido de que las acciones legales contra la disolución de LyFC
"carecen de sustento suficiente para tener éxito".
Finalmente, señaló que esta misma semana unos 800 ex trabajadores
de LyFC comenzaron un proceso de reclutamiento y capacitación que
culminará con la contratación de algunos de ellos en la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), la otra empresa pública del sector
que ha asumido las operaciones de LyFC.
LyFC operaba en el centro del país, incluida la capital, en un
sector que abarcaba a 25 millones de personas. EFE