Lima, 2 ago (EFE).- El Gobierno peruano notificó hoy a la empresa
minera Doe Run el incumplimiento de sus obligaciones de reiniciar
las operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya en el plazo
estipulado, que venció el pasado 27 de julio, y presentar los
documentos sobre la financiación de su plan de adecuación ambiental.
La notificación fue emitida por el Ministerio de Energía y Minas
de Perú (MEM) después de que un grupo de funcionarios verificara el
27 de julio pasado que Doe Run, de capitales estadounidenses, no
había reiniciado sus operaciones en La Oroya, según un comunicado de
prensa de esa cartera.
El presidente peruano, Alan García, anunció en su mensaje a la
nación por el aniversario de la independencia de su país, el 28 de
julio pasado, la cancelación de la licencia de funcionamiento a Doe
Run en el complejo metalúrgico de la ciudad de La Oroya (centro del
país).
Doe Run Perú paralizó el año pasado las operaciones en La Oroya a
raíz de que varios bancos internacional le negaron un crédito que
necesitaba para poder continuar con éstas.
Desde entonces Doe Run Perú ha pedido al Estado varios plazos
para solucionar la crisis que atraviesa la empresa, el último de los
cuales venció el 27 de julio, según establecía la ley 29410.
Por su lado, Doe Run aseguró en un comunicado de prensa que el
plan de financiación para reiniciar sus operaciones en La Oroya
comenzó a ser formalmente aceptado por los acreedores y, además,
espera culminar pronto su proyecto de adecuación ambiental
pendiente.
Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde
1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce
plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el
ácido sulfúrico y el indio.
La firma, además, fue expulsada de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por no completar su Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado
desde 2006 en poco más del 50 por ciento, faltando una inversión de
160 millones de dólares para finalizarlo.
Durante los últimos meses el sindicato de trabajadores ha
realizado varias marchas de protesta, que incluyeron el cierre del
tránsito por la concurrida carretera Central, para presionar al
Gobierno y a la empresa a que reanuden las operaciones en La Oroya,
una de las ciudades más contaminadas del mundo. EFE