Buenos Aires, 11 sep (EFE).- Las audiencias públicas para la
discusión del proyecto de la nueva ley de medios audiovisuales que
impulsa el Gobierno argentino concluyeron hoy con un fuerte rechazo
de la oposición, mientras el oficialismo aspira a que el debate en
el recinto del Parlamento comience la semana próxima.
Diputados, empresarios y representantes de organizaciones de
medios de comunicación expusieron hoy su punto de vista sobre la
polémica iniciativa en la última de las tres audiencias preliminares
previstas antes de iniciar la discusión en Congreso, en caso de que
las comisiones parlamentarias emitan un dictamen de aprobación del
proyecto.
Una veintena de legisladores de los principales partidos de la
oposición manifestaron su rechazo conjunto a la ley y anticiparon
que, si es aprobada, la revisarán luego de la renovación
parlamentaria del próximo 10 de diciembre, cuando los partidos
enfrentados al Gobierno tendrán un mayor peso al actual.
"No se la puede desarticular de los dos objetivos que persigue el
Gobierno: acallar a los medios y hacer negocios con los privados",
señaló la diputada Silvana Giudici, de la opositora Unión Cívica
Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria del país, en una rueda
de prensa conjunta.
En este sentido, la legisladora consideró que el proyecto es un
"traje a medida para Telecom", en alusión al artículo de la norma
que habilita el ingreso de las empresas telefónicas en el mercado
audiovisual.
A tono, el titular del bloque de Diputados de la opositora
Propuesta Republicana (PRO), Federico Pinedo, advirtió sobre "la
ruta del negocio económico que persigue el Gobierno detrás del
tratamiento de esta ley".
El jefe del bloque de la centrista Coalición Cívica, Adrián
Pérez, también rechazó la norma, al considerar que "es una
herramienta de disciplinamiento y de control por parte del
Ejecutivo".
A su vez, el titular del bloque radical, Oscar Aguad, manifestó
el compromiso de la oposición a "revisar la ley" después del 10 de
diciembre, cuando se renovará parte del Parlamento como resultado de
las elecciones legislativas del pasado 28 de junio, en las que el
Gobierno resultó derrotado en los principales distritos del país.
Los diputados del radicalismo también reclamaron que los
gobernadores "intervengan (en el debate) en resguardo de las
libertades" y renovaron su convocatoria para realizar una nueva
audiencia pública en la provincia de Mendoza, por fuera de los
debates realizados esta semana por iniciativa del oficialismo.
Durante la rueda de prensa, los legisladores cuestionaron,
además, el operativo que realizó este jueves la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con decenas de inspectores a
diferentes compañías del grupo Clarín, el mayor conglomerado de
medios de comunicación del país.
"Contraviene todas las garantías constitucionales y se enmarca en
un plan oficial para amordazar la libertad de prensa", dijo Guidici.
La inspección "no fue de la AFIP", sino de "alguien que se tomó
el trabajo de hacerlo", denunció hoy el jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, quien afirmó que "acá hay una operación que alguien ha
financiado" con la intención de "poner al Gobierno como si estuviera
presionando".
La última audiencia pública de las tres previstas en el
Parlamento se realizó un día después de la reunión que convocó el
vicepresidente Julio Cobos con líderes opositores para definir una
posición común sobre el proyecto, en un nuevo desafío al Gobierno,
con el que está enfrentado desde hace más de un año.
Tras el encuentro, los referentes de la oposición rechazaron en
forma unánime la norma.
Solo algunas fuerzas de centroizquierda piden que se debata el
proyecto antes de diciembre, aunque exigen varios cambios al texto
presentado por el Gobierno de Cristina Fernández.
Por su parte, el oficialismo apuesta por hacer valer su mayoría
en el Parlamento para iniciar el debate la semana próxima en el
recinto con miras de sacar adelante la ley antes del recambio de las
cámaras.
La iniciativa, que promueve grandes cambios en el panorama del
mercado de medios actual, es interpretada por algunos sectores de la
oposición como una confrontación del Gobierno con el grupo Clarín.
EFE