Pekín, 30 abr (EFE).- Las organizaciones pro derechos humanos
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Human Rights in China (HRIC)
emitieron hoy sendos comunicados en los que condenaron la recién
aprobada enmienda a la Ley de Secretos de Estado china, que según
ellos es un paso más en la censura, especialmente en Internet.
La renovada ley, aprobada ayer por la Asamblea Nacional Popular
china (Legislativo) y que afecta también a otras telecomunicaciones,
es de acuerdo con el comunicado de HRIC una medida que "afila las
armas legales de China para el control de la información".
De acuerdo con el experto en leyes Fan Yafeng, citado por HRIC,
la nueva ley "es un grave paso atrás y un claro ataque a la libertad
en Internet", así como un reflejo de que "el imperio de la ley está
retrocediendo".
"Va a dar más excusas y herramientas a las autoridades para
lidiar con los disidentes", destacó por su parte Liu Feiyue,
activista de derechos humanos chino, también en el comunicado de
HRIC.
La nueva ley redefine los secretos de estado en China como "temas
que preocupan la seguridad estatal y los intereses, y que, de
filtrarse, pueden dañar la seguridad estatal y los intereses de las
áreas de la política, la economía o la defensa nacional, entre
otros".
La definición, según HRIC, es tan vaga como en la ley anterior y
"continúa sin respetar los estándares internacionales de derechos
humanos".
Los grupos pro derechos humanos han criticado especialmente el
artículo 28 de la nueva ley, que se centra en Internet y obliga a
los operadores de la red y servidores a "cooperar con la seguridad
pública" en la investigación de filtraciones de secretos de estado.
El artículo conmina, entre otras cosas, a "detener inmediatamente
la transmisión de contenidos, guardar registros y reportar a los
órganos de seguridad pública".
No está claro todavía, señalaron los grupos, si la ley -que
entrará en vigor el 1 de octubre- se aplicará también a las
compañías extranjeras en Internet, dado que muchas de ellas no
tienen sede en China, aunque ofrezcan servicios en ella.
Reporteros Sin Fronteras, por su parte, subrayó que la nueva
normativa no hace sino dar base legal a un sistema de censura y
persecución de la disidencia que ya existía antes en China.
"En la práctica, las compañías ya cooperan con las autoridades en
materia de seguridad nacional, ahora queda por ver si el Gobierno
quiere una labor más activa de éstas o sólo se trata de legitimar lo
que ya existe", destacó RSF en su documento.
La definición de secretos de Estado es tan vaga en China -lo son,
por ejemplo, las preguntas de los exámenes de selectividad, o la
cifra de ejecutados por la justicia nacional- que es frecuentemente
utilizada para las autoridades para encarcelar a reconocidos
disidentes.
Permite condenar desde un activista que habla con un medio de
comunicación extranjero o, hasta hace apenas unos años, a quienes
facilitaran las cifras de muertos por desastres naturales. EFE