La Paz, 16 jun (EFE).- El pueblo guaraní de Bolivia ha pedido al
Gobierno de Evo Morales una pausa en la explotación de hidrocarburos
en el territorio que ocupan, fronterizo con Paraguay y Argentina,
donde se encuentra el 70 por ciento de las reservas de gas del país,
informó hoy una fuente oficial.
El director de Gestión Socioambiental del Ministerio de
Hidrocarburos, Omar Quiroga, explicó hoy a los medios que esa
demanda preocupa al Ejecutivo porque los guaranís, al parecer
influidos por organizaciones no gubernamentales, desconocen un
acuerdo alcanzado el mes pasado.
La etnia se opone a la explotación de los hidrocarburos en la
zona de la serranía del Aguaragüe, en el departamento sureño de
Tarija.
Quiroga confirmó que se ha reactivado la demanda indígena de no
permitir "ninguna actividad de hidrocarburos en el Aguaragüe, a
pesar de que el Gobierno llegó a un acuerdo con los guaranís".
"Ellos no tienen alternativa a la actividad hidrocarburífera y el
Gobierno tampoco tiene una alternativa. Estamos dependiendo de los
hidrocarburos. Unos 2.000 millones de dólares (anuales) entran al
país por esta actividad", explicó.
"El 70 por ciento de la actividad está en esa región. Decir que
no se desarrolla la actividad de hidrocarburos en esa región es
prácticamente renunciar a esos ingresos", agregó el funcionario.
Quiroga negó la versión de algunos dirigentes guaranís que
afirman tener un acuerdo con el Ejecutivo para que se paralice la
extracción de los hidrocarburos en esa zona.
Las leyes y la Constitución de 2009, que promovió y promulgó el
presidente Morales, establece que los grupos indígenas del país
deben ser consultados si en su territorio se realiza explotación de
recursos naturales o megaobras de infraestructura.
En el área de hidrocarburos, desde 2007, se realizaron 14
consultas a indígenas que alcanzaron acuerdos con petroleras a
cambio de compensaciones que van desde 70.000 dólares hasta 1,6
millones de dólares, según datos oficiales.
No obstante, también hay etnias que, al no alcanzar convenios con
las empresas petroleras, impiden la explotación de los recursos o
mantienen las negociaciones.
Los indígenas aimaras han acusado recientemente a Morales, que
pertenece a esa etnia, de intentar dejar de lado la aplicación de la
obligación de consulta, algo que él ha negado.
No obstante, el Gobierno ha denunciado que organizaciones no
gubernamentales bolivianas, pero financiadas por Europa y Estados
Unidos, están influyendo en los pueblos indígenas para intentar que
se frenen los proyectos de desarrollo petrolero o de
infraestructura.
Morales estudia una nueva norma de consulta a los pueblos
indígenas que se aplicará en minería, hidrocarburos, electricidad y
construcción de carreteras, entre otros aspectos, matizando lo que
dice la Carta Magna. EFE