Natalia Kidd
Buenos Aires, 24 ago (EFE).- El informe oficial presentado hoy
sobre supuestas "ilegalidades" en la compra de la única proveedora
de papel para prensa en Argentina ha agudizado el enfrentamiento
entre el Gobierno de Cristina Fernández y Clarín, el mayor grupo de
comunicación del país.
Se trata de un conflicto con varios frentes abiertos y que se
juega en los tribunales, la palestra política y los mercados.
El informe "Papel Prensa: la verdad", presentado hoy por la
presidenta Fernández, denuncia la complicidad de Clarín y los
diarios La Nación y La Razón, accionista hasta 2000, con el régimen
de facto para adueñarse de la mayoría accionarial de la única
fabricante de papel para periódicos.
El contenido de esta investigación será girado a la Justicia y el
Gobierno pretende sentar en el banquillo de los acusados a varios
directivos de Papel Prensa.
Pero éste no es el único nexo entre Clarín y la dictadura que el
Gobierno asegura que existe.
Otra arista bajo investigación judicial es la supuesta
apropiación ilegal de los hijos adoptivos de la principal accionista
del conglomerado mediático, Ernestina Herrera de Noble, un caso
judicial intrincado para determinar si los jóvenes son vástagos de
desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983).
En el plano de las actividades empresariales del grupo, las
disputas están relacionadas con temas de competencia en el mercado
local de medios.
Uno de los episodios más ríspidos de este enfrentamiento ha sido
la aprobación de una ley de medios, sancionada el año pasado y por
la que Clarín se verá obligado a desinvertir en algunas áreas de
negocio, aunque de momento su aplicación está frenada a la espera de
un fallo de la Suprema Corte de Justicia.
El último revés contra el holding se produjo la pasada semana,
cuando el Gobierno retiró la licencia a Fibertel, su empresa de
prestación de servicios de internet, con un millón de abonados.
El grupo, que tiene 16.000 trabajadores, difundió hoy el informe
"Las claves: la estrategia oficial contra los medios", en el que
denuncia ser blanco de una ofensiva "alentada desde la cúpula del
poder con discurso de tono violento y acciones concretadas
valiéndose de organismos formales".
El documento cuestiona "actos administrativos abusivos, cuando no
ilegales" ordenados en su contra por organismos oficiales,
complementados con "declaraciones combativas" y "acusaciones
infundadas".
Cita operativos en sus oficinas ordenados por la autoridad
tributaria y "medidas persecutorias" de la Comisión Nacional de
Valores (regulador de los mercados) y de la Unidad de Información
Financiera, organismo que ha denunciado ante la Justicia presuntas
irregularidades en el proceso de oferta pública de acciones del
grupo Clarín, concretado en octubre de 2007.
Los títulos del grupo se han desvalorizado desde entonces el 63,8
por ciento, caída que Clarín atribuye al "acoso" por parte del
Gobierno.
Según el conglomerado, en los dos últimos años el Gobierno
"inició o respaldó al menos 34 conjuntos de medidas o acciones
directas contra medios, directivos y periodistas" del grupo, como el
"intento de obstaculizar" la fusión entre Cablevisión y su antigua
competidora Multicanal, autorizada en 2007.
El grupo, en el que tiene una participación minoritaria el banco
de inversión estadounidense Goldman Sachs, también perdió el año
pasado los derechos para la transmisión televisiva de los partidos
de la liga de fútbol argentina, un negocio que quedó en manos del
Estado.
En la gatera de una campaña para las presidenciales de 2011, que
se prevén reñidas, la oposición ha tomado un claro partido por
Clarín en su pelea con el Gobierno, con una iniciativa parlamentaria
para frenar la retirada de la licencia a Fibertel y una respuesta
conjunta contra lo que consideran una "decisión autoritaria" del
Gobierno. EFE