San José, 4 oct (EFE).- El futuro de un polémico proyecto minero
de oro a cielo abierto en la zona norte de Costa Rica se decidirá en
un juicio por daño ambiental que inició hoy en el Tribunal
Contencioso Administrativo de San José.
A partir de hoy y hasta el 8 de octubre los jueces escucharán los
argumentos a favor y en contra de la operación de la mina Las
Crucitas, a cargo de la trasnacional canadiense Vanessa Ventures a
través de su filial en Costa Rica, Industrias Infinito.
La mina, ubicada en la localidad rural de Cutris de San Carlos,
cerca de la frontera con Nicaragua, cuenta con todos los permisos
del Gobierno para su funcionamiento, y de allí la firma operadora
pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8 toneladas) en diez años,
valoradas en unos 800 millones de dólares.
No obstante, sus labores permanecen suspendidas como medida
cautelar hasta que se emita una sentencia sobre el caso.
El juicio que inició hoy corresponde a una denuncia de la
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Aprefloflas) por daño
ambiental, a causa de la tala de unas 190 hectáreas de árboles hecha
por la empresa el año pasado para construir la mina.
El gerente corporativo de Industrias Infinito, Juan Carlos
Obando, dijo hoy a medios locales que su empresa ha actuado en
derecho en todo momento, por lo que confía en que ganarán el juicio
y pondrán punto final a una larga historia de disputas legales en el
país, pues inició los trámites para su operación desde 1993.
Sin embargo, el presidente de Aprefloflas, Gino Biamonte,
manifestó a periodistas que en los debates demostrarán cómo la
empresa "ha burlado los marcos legales" y ha conseguido los permisos
de manera irregular.
Este ha sido el proyecto minero más polémico en la historia
reciente del país centroamericano, pues ha provocado fuertes
reacciones en contra por parte de ambientalistas y otros sectores
políticos y de la sociedad civil.
El pasado 16 de abril la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia rechazó una serie de recursos de amparo contra la mina,
al determinar que los estudios técnicos y ambientales estaban en
orden y avalaban su operación.
Por su parte, a pesar de las reiteradas peticiones de
ambientalistas y otros grupos, la presidenta costarricense, Laura
Chinchilla, descartó en julio anular la concesión minera de
Crucitas, argumentando que ello implicaría al Estado el pago de una
millonaria indemnización.
El fallo de los jueces, quienes no tiene una fecha límite para
emitirlo, podrá ser objeto de impugnación por las partes ante la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a modo de apelación.
EFE