Copenhague, 19 ene (EFE).- El Gobierno islandés anunció hoy la
convocatoria para el próximo 6 de marzo de un referendo sobre la ley
que reglamenta la indemnización a ahorradores extranjeros por la
quiebra del banco Icesave durante la crisis de otoño de 2008.
El desencadenante de la consulta popular, la primera en la
historia del país, fue la negativa del presidente de Islandia,
Olafur Ragnar Grimsson, a firmar la ley aprobada por el Parlamento
el pasado 30 de diciembre.
La "ley Icesave", como se la conoce popularmente, establece el
pago de 5.000 millones de dólares a los gobiernos de Reino Unido y
Holanda por garantizar préstamos a los ahorradores de estos países
que perdieron sus inversiones con la quiebra de Icesave, la división
de Internet del Landsbanki, nacionalizado por el Estado islandés.
El Parlamento había aprobado la pasada semana la convocatoria de
un referendo, siguiendo lo que establece la Constitución, antes del
6 de marzo, fecha finalmente elegido hoy por el Gobierno, anunció en
Reikiavik la ministra de Justicia, Ragna Árnadóttir.
Los últimos sondeos difundidos la semana pasada mostraban un
rechazo de hasta el 60 por ciento de los electores a la "ley
Icesave", que si es rechazada en la consulta colocaría al país en
una situación comprometida.
Reino Unido y Holanda, a través de la UE y del Fondo Monetario
Internacional (FMI), han bloqueado el pago de los nuevos plazos de
la ayuda internacional concedida hace un año en préstamos a Islandia
por un total de 6.000 millones de dólares, a la espera de que se
resuelva el "caso Icesave".
También peligra el proceso de negociación para el ingreso de
Islandia en la UE, solicitado formalmente hace medio año por las
autoridades islandesas.
El Gobierno islandés reiteró hoy su intención de cumplir con sus
obligaciones internacionales y su "compromiso total" para
implementar los acuerdos con Reino Unido y Holanda.
Los líderes del Gobierno de coalición entre socialdemócratas y
verdes y los de la oposición, contrarios a la ley, han mantenido sin
éxito varias reuniones para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo que
pudiera impedir la convocatoria de un referendo, aunque Reino Unido
y Holanda se han mostrado contrarios a renegociar el trato.
El Parlamento islandés ya había aprobado el 28 de agosto pasado
una primera versión de la "ley Icesave", tras introducir varias
modificaciones sobre los plazos de pago y las condiciones al acuerdo
inicial alcanzado por el Gobierno islandés con los países afectados.
La oposición británica y holandesa obligó no obstante a una nueva
negociación, que significó en la práctica un regreso al acuerdo
anterior y que fue aprobada el mes pasado por 33 votos a favor y 30
en contra.
Pero Grimsson optó por ejercer su derecho a no firmar la ley,
haciéndose eco del descontento de buena parte de la población,
plasmado en una petición en contra de las indemnizaciones firmada
por más de 56.000 personas, un cuarto del electorado total de este
país de apenas 320.000 habitantes.
Islandia ha sido uno de los países más golpeados por la crisis
mundial, que colapsó el sistema bancario en octubre de 2008 tras
años de bonanza y una política ultraliberal conducida principalmente
por el conservador Partido de la Independencia, dominador de la
política islandesa desde su separación de Dinamarca en 1944.
Las protestas consiguientes se llevaron por delante al Gobierno
de coalición entre conservadores y socialdemócratas y provocaron la
convocatoria de elecciones anticipadas en abril de 2009, que dieron
paso al primer gobierno de izquierda en la historia de Islandia.
El Gobierno de la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir ha
tenido que afrontar una situación económica muy delicada, con la
inflación y el paro disparados, una deuda enorme y la corona
islandesa por los suelos. EFE