Marga Zambrana
Pekín, 26 may (EFE).- Las firmas extranjeras examinan con lupa la
nueva ley de secretos de Estado china, que entra en vigor el 1 de
octubre, después de que la condena contra un ejecutivo de la minera
australiana Rio Tinto en el país asiático desvelara sus riesgos.
La detención de Stern Hu, de nacionalidad australiana y origen
chino, puso en alerta al sector empresarial en la República Popular
cuando el año pasado fue acusado de sobornos y de manipular secretos
de Estado durante las negociaciones del precio del acero.
El sector entendió la detención como un chantaje por el bloqueo
de Rio Tinto a la oferta de la estatal china Chinalco para duplicar
su participación del 9,5 por ciento en la australiana.
La alarma internacional que atrajo el caso facilitó que la
primera acusación se rebajara a espionaje comercial, aunque no evitó
que en marzo fuera condenado a diez años de prisión por ese delito y
por pagar sobornos, una práctica habitual a la hora de hacer
negocios en China, donde incluso existen comercios para cambiar por
efectivo los regalos prohibitivos que reciben los funcionarios.
El profesor Jerome A. Cohen, co-director de la Escuela de Derecho
de la Universidad de Nueva York y del Instituto de Leyes de Asia,
señaló en un reciente encuentro con la prensa en Pekín que la
exposición del caso de Hu "fue seguramente la razón por la que los
cargos contra él se redujeron de secretos de Estado a comerciales".
Sin embargo, la ambigüedad y el secretismo que rodea a la ley de
secretos de Estado evita que otros casos salgan a la luz pública,
como el de Xue Feng, un geólogo estadounidense de origen chino que
lleva encarcelado desde 2007 y que incluso ha sufrido tortura.
Pekín lo acusa de "espionaje" y de haber "conseguido de forma
ilegal secretos de Estado" cuando trabajaba para el servicio
británico de información especializada en hidrocarburos IHS Inc.
Su delito: intermediar en la adquisición de una base de datos de
recursos energéticos para IHS.
Fue la esposa del detenido, también china, quien exigió
discreción a la embajada estadounidense en el caso de Xue con la
esperanza de que su silencio cómplice suavizara la actitud del
régimen, pero no ha sido así.
Xue fue juzgado en julio de 2009 por el Tribunal Intermedio
Número 1 de Pekín que, transcurrido un año, todavía no ha
pronunciado sentencia, lo que viola todas las prórrogas legales.
Washington está tan escandalizado por el caso de Xue, que el
propio embajador de EEUU en China, Jon Huntsman, se ha presentado
personalmente en siete ocasiones a las visitas mensuales a las que
el preso tiene derecho en virtud de los acuerdos bilaterales con el
fin de ejercer presión diplomática, un hecho sin precedentes.
Incluso el presidente de EEUU, Barack Obama, ha pedido a los
máximos líderes chinos consideración para con el geólogo, explica
Cohen, quien cree que el gobierno chino todavía es renuente a
conceder a los ciudadanos el derecho de acceso a la información y
prima todavía la seguridad nacional, un concepto resbaladizo.
La República Popular acoge bajo esta categoría una amplia
variedad de contenidos políticos y económicos con pocas limitaciones
y sin mecanismos de control y revisión, lo que facilita la condena a
sospechosos de haber violado o filtrado secretos de Estado, a menudo
disidentes, pero ahora también empresarios y extranjeros.
El experto estadounidense señala, tras haber escudriñado el nuevo
borrador, que la situación va a mejorar poco a partir de octubre.
Los líderes chinos, aunque más conscientes del abuso de poder que
supone la información clasificada, todavía no están preparados para
detener estos abusos, mientras que el nuevo documento incluye
provisiones preocupantes para la libertad de expresión que obligan a
las firmas de internet a cooperar con la censura.
Si actuar a la sombra es tentador incluso para democracias como
la estadounidense, hasta dónde puede llegar un gobierno no
democrático, con censura y sin independencia total del poder
judicial como el chino, se pregunta el experto. EFE