La ley de secretos de Estado o los riesgos de hacer negocios en China

Marga Zambrana

Pekín, 26 may (EFE).- Las firmas extranjeras examinan con lupa la nueva ley de secretos de Estado china, que entra en vigor el 1 de octubre, después de que la condena contra un ejecutivo de la minera australiana Rio Tinto en el país asiático desvelara sus riesgos.

La detención de Stern Hu, de nacionalidad australiana y origen chino, puso en alerta al sector empresarial en la República Popular cuando el año pasado fue acusado de sobornos y de manipular secretos de Estado durante las negociaciones del precio del acero.

El sector entendió la detención como un chantaje por el bloqueo de Rio Tinto a la oferta de la estatal china Chinalco para duplicar su participación del 9,5 por ciento en la australiana.

La alarma internacional que atrajo el caso facilitó que la primera acusación se rebajara a espionaje comercial, aunque no evitó que en marzo fuera condenado a diez años de prisión por ese delito y por pagar sobornos, una práctica habitual a la hora de hacer negocios en China, donde incluso existen comercios para cambiar por efectivo los regalos prohibitivos que reciben los funcionarios.

El profesor Jerome A. Cohen, co-director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y del Instituto de Leyes de Asia, señaló en un reciente encuentro con la prensa en Pekín que la exposición del caso de Hu "fue seguramente la razón por la que los cargos contra él se redujeron de secretos de Estado a comerciales".

Sin embargo, la ambigüedad y el secretismo que rodea a la ley de secretos de Estado evita que otros casos salgan a la luz pública, como el de Xue Feng, un geólogo estadounidense de origen chino que lleva encarcelado desde 2007 y que incluso ha sufrido tortura.

Pekín lo acusa de "espionaje" y de haber "conseguido de forma ilegal secretos de Estado" cuando trabajaba para el servicio británico de información especializada en hidrocarburos IHS Inc.

Su delito: intermediar en la adquisición de una base de datos de recursos energéticos para IHS.

Fue la esposa del detenido, también china, quien exigió discreción a la embajada estadounidense en el caso de Xue con la esperanza de que su silencio cómplice suavizara la actitud del régimen, pero no ha sido así.

Xue fue juzgado en julio de 2009 por el Tribunal Intermedio Número 1 de Pekín que, transcurrido un año, todavía no ha pronunciado sentencia, lo que viola todas las prórrogas legales.

Washington está tan escandalizado por el caso de Xue, que el propio embajador de EEUU en China, Jon Huntsman, se ha presentado personalmente en siete ocasiones a las visitas mensuales a las que el preso tiene derecho en virtud de los acuerdos bilaterales con el fin de ejercer presión diplomática, un hecho sin precedentes.

Incluso el presidente de EEUU, Barack Obama, ha pedido a los máximos líderes chinos consideración para con el geólogo, explica Cohen, quien cree que el gobierno chino todavía es renuente a conceder a los ciudadanos el derecho de acceso a la información y prima todavía la seguridad nacional, un concepto resbaladizo.

La República Popular acoge bajo esta categoría una amplia variedad de contenidos políticos y económicos con pocas limitaciones y sin mecanismos de control y revisión, lo que facilita la condena a sospechosos de haber violado o filtrado secretos de Estado, a menudo disidentes, pero ahora también empresarios y extranjeros.

El experto estadounidense señala, tras haber escudriñado el nuevo borrador, que la situación va a mejorar poco a partir de octubre.

Los líderes chinos, aunque más conscientes del abuso de poder que supone la información clasificada, todavía no están preparados para detener estos abusos, mientras que el nuevo documento incluye provisiones preocupantes para la libertad de expresión que obligan a las firmas de internet a cooperar con la censura.

Si actuar a la sombra es tentador incluso para democracias como la estadounidense, hasta dónde puede llegar un gobierno no democrático, con censura y sin independencia total del poder judicial como el chino, se pregunta el experto. EFE