José Manuel Sanz
Bruselas, 10 may (EFE).- Muchas son las críticas que se han
dirigido, con rigor o sin él, contra la presidencia española de la
Unión Europea en los últimos meses, tanto en Madrid como en
Bruselas.
Su supuesta falta de visibilidad, la precipitación con la que
anunció una cumbre con el presidente de Estados Unidos que nunca se
confirmó, la "chapucera" propuesta -en expresión de una comisaria
europea- de una euro orden para la protección de mujeres
maltratadas, y hasta la gestión titubeante del caos aéreo provocado
por un inoportuno volcán.
Pero esta madrugada, bajo la presidencia de la ministra española
de Economía y Hacienda, Elena Salgado, los veintisiete países de la
Unión han sido capaces de tomar una decisión trascendental que
quedará para siempre en la historia de la integración europea.
Se trataba nada menos que de salvar al euro de los ataques
concertados de una "manada de lobos" -según la exitosa metáfora
utilizada por el ministro sueco Anders Borg-, dispuestos a
despedazar en los mercados a la criatura más preciada de la Europa
unida.
Y el acuerdo no estaba garantizado, en absoluto.
Por su complejidad jurídica, las reticencias del Reino Unido y
otros países no miembros del euro, las exigencias de extrema
disciplina que imponía Alemania, la independencia del Banco Central
Europeo y la presión del reloj, el masivo paquete de rescate del
euro podría no haber visto la luz.
Salgado tuvo además que ejercer la presidencia en las condiciones
más incómodas, obligada a ser neutral en el momento en el que España
-con Portugal- se encontraba en el centro de los reproches de los
socios más poderosos.
En primer lugar, el Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin) tuvo
que dar la vuelta a la propuesta de la Comisión Europea, que
pretendía un único esquema legal para todo el dinero que se
pretendía movilizar, los 60.000 millones en préstamos a la balanza
de pagos con la garantía de la UE y el complemento multimillonario
que tendrían que aportar los estados miembros.
El ministro británico Alistair Darling se negó a apoyar un
mecanismo exclusivamente comunitario como defendía Bruselas que
acabara arrastrando al Reino Unido a una operación de apoyo a la
unión monetaria en la que su país nunca ha querido participar.
A pesar de las resistencias de la Comisión Europea, la única
solución posible pasaba por separar el mecanismo en dos
ingredientes: por un lado, la facilidad a la balanza de pagos,
sujeta a las reglas comunes y, por otro, un acuerdo
intergubernamental para que los estados que lo decidieran
completaran los 60.000 millones "europeos" con varios cientos de
miles de millones "nacionales" que hicieran el paquete total de
ayuda contundente frente a los especuladores.
A continuación, hubo que hacer frente a la exigencia alemana de
que las aportaciones nacionales no se concretaran como garantías de
préstamos sino como créditos, con el fin de alejar el peligro de que
el presupuesto federal se convirtiera en garante último de la
aportación de Alemania, la más elevada de todas.
Para mayor dramatismo, los participantes se vieron sorprendidos
por la noticia de que el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, había tenido que ser hospitalizado en Bruselas.
Salgado se esperaba que Alemania, Holanda, Finlandia y Suecia
señalaran a España con el dedo y le exigieran, a cambio de una
hipotética ayuda futura, el anuncio inmediato de mayores esfuerzos
de reducción del déficit público.
La maniobra fue en parte neutralizada por el Gobierno español
anunciando en Madrid, antes de que comenzara la reunión de los
Veintisiete, una aceleración del plan de ajuste con un recorte
adicional acumulado de 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011.
Portugal también había anunciado de manera sincronizada medidas
adicionales.
Hubo, no obstante, un intento de los socios del norte de
introducir en un borrador de la declaración final la obligación de
recortes más duros para España, de 1,5 puntos adicionales del PIB en
2010 y 2011, intento al que se opuso Salgado.
La Comisión sugirió entonces una redacción más genérica del
párrafo relativo a España, sin cifras, pero con la promesa por parte
española de que detallaría antes del 18 de mayo a los miembros del
Ecofin las medidas "significativas" que tomará para ejecutar los
recortes anunciados.
Entre tanto, la ministra francesa Christine Lagarde anunciaba que
el director general del Fondo Monetario Internacional, Dominique
Strauss-Khan, le había prometido al teléfono un volumen de créditos
de hasta 250.000 millones de euros de esta institución, otra
exigencia alemana.
Con todo este paquete, por unos 750.000 millones de euros, más
los compromisos políticos de ajustes adicionales por parte de España
y Portugal fue posible convencer al BCE, cuyo órgano de gobierno se
mantenía reunido en Basilea, de intervenir rotundamente en el
mercado de la deuda soberana.
Las bolsas de Nueva Zelanda y Australia ya habían abierto; el
acuerdo sólo estuvo listo para la apertura de Tokio, pero la
operación empezaba a tener éxito. EFE