Brasilia, 15 jun (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio
Lula da Silva, presionado por sus propios aliados políticos en pleno
año electoral, sancionó hoy la ley que concede un reajuste del 7,7%
a las jubilaciones, porcentaje superior a la inflación del año
pasado (4,31%) y al que había propuesto el Gobierno (6,14%).
Pese a que el propio jefe de Estado había advertido que no
aprobaría ninguna medida que pusiese en riesgo las metas de ajuste
fiscal que el Gobierno se impuso para este año, Lula terminó
sancionando una ley que inicialmente pretendía vetar y a la que se
oponían sus asesores económicos.
"Terminó venciendo la acción política del Congreso en un año
electoral, pero el equipo económico no fue derrotado", afirmó el
diputado oficialista Cándido Vaccarezza, vocero del Gobierno en la
Cámara Baja, al anunciar la decisión del gobernante en declaraciones
a periodistas.
El legislador admitió que los partidos que apoyan al Gobierno en
el Congreso temían que un veto presidencial a un reajuste superior
al propuesto por el Ejecutivo pudiese generar protestas de los
jubilados en pleno año electoral.
Lo cual pudiera afectar las aspiraciones de Dilma Rousseff,
candidata a la Presidencia del país por el Partido de los
Trabajadores (PT) y la preferida por Lula para sucederle en enero
del próximo año.
"El presidente decidió satisfacer a los jubilados porque había
sido generada una expectativa muy grande", agregó Vaccarezza al
resumir las discusiones de este martes en la reunión en que Lula
tomó la decisión y que dividieron a los ministros del área económica
que defendían el veto de un lado, y los legisladores y aliados
políticos que querían la aprobación del reajuste del otro.
"El presidente se preguntó si el Ministerio de Hacienda tenía
condiciones de mantener el equilibrio fiscal con ese reajuste y el
ministro dijo que sería necesaria una reducción de gastos", agregó.
"Va a doler, pero vamos a alcanzar las metas fiscales este año",
dijo el ministro de Hacienda, Guido Mantega.
El ministro explicó que el aumento de los gastos con el reajuste
será compensado con un nuevo recorte en el presupuesto,
principalmente en obras públicas propuestas por los legisladores
para sus fortines electorales.
"Además de los recortes que ya hicimos en el presupuesto de este
año, por 10.000 millones de reales (unos 5.555,6 millones de
dólares), vamos a recortar otros 1.600 millones de reales (unos
888,9 millones de dólares)", dijo Mantega en declaraciones que
concedió a periodistas.
Ese valor es el costo adicional calculado por el Gobierno para
elevar las jubilaciones en el porcentaje aprobado por el Congreso y
sancionado por el mandatario.
El recorte es necesario para que el Gobierno pueda cumplir la
meta que se impuso de terminar 2010 con un superávit en las cuentas
fiscales equivalente al 3,3% del Producto Interior Bruto (PIB).
Pese a que el proyecto de ley que el Gobierno presentó al
Congreso preveía un reajuste del 6,14% y a que el propio Mantega
admitió que el porcentaje podría ser elevado hasta un 6,5% sin
comprometer el ajuste fiscal, Vacarezza alegó que ni los senadores
ni los diputados aceptarían una tasa por debajo del 7,5%.
Tanto senadores como diputados también se preparan para las
elecciones de octubre próximo y vienen aprobando algunas leyes con
las que buscan satisfacer a sus electores. EFE