México, 8 nov (EFE).- Cerca de 23.000 trabajadores de los más de
44.600 de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC),
disuelta el pasado 11 de octubre, han aceptado la liquidación y un
pago compensatorio que les ofreció el Gobierno, informó hoy el
ministro de Trabajo, Javier Lozano.
"Al día de hoy al mediodía tenemos una cifra de 22.677 personas
que han acudido de forma voluntaria a recibir este pago-liquidación,
equivalente al 51 por ciento del total de los ex trabajadores de
LyFC", informó el Secretario de Trabajo mexicano.
También anunció que mañana comenzará un proceso para recontratar
a empleados de esta empresa pública que el presidente Felipe
Calderón decidió disolver por decreto el mes pasado.
Por el momento, se desconoce cuántos trabajadores de LyFC serán
contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la otra
empresa pública que surte los servicios eléctricos a los mexicanos y
que ha asumido las operaciones de la extinta compañía.
Además el ministro Lozano señaló que también comenzarán un millar
de ex trabajadores cursos de capacitación en el Servicio Nacional de
Empleo para apoyar en las recolocaciones a los despedidos.
Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre un tribunal mexicano
otorgó la suspensión definitiva solicitada por el Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) contra el decreto presidencial de extinción
de la empresa LyFC, lo que abre la posibilidad de que el litigio
entre en un largo proceso legal.
Según la Secretaría del Trabajo esa medida no tiene "efectos
sobre el decreto" presidencial de extinción, por lo que "el proceso
de liquidación (de ex trabajadores) continúa".
Sobre este asunto Lozano advirtió hoy que "no habrá prórroga" más
allá del 14 de noviembre próximo para cobrar una compensación
adicional que se está ofreciendo a los ex trabajadores electricistas
además de la liquidación.
"Quienes no acudan antes del 14 de noviembre a cobrar su
indemnización, el pago de la compensación adicional que se les está
ofreciendo, tendrán entonces que esperar hasta que concluya, lo que
pueden ser varios meses, el juicio de amparo interpuesto por el
SME", añadió.
Un sector mayoritario del SME, el encabezado por el líder Martín
Esparza, es partidario de ir a la batalla legal y cuestionar la
legalidad del decreto aprobado por el presidente Calderón, quien
alegó al extinguir la empresa que ésta era demasiado gravosa para el
Estado y se había convertido en un obstáculo para el desarrollo del
país.
Sobre el asunto y en la misma rueda de prensa la ministra de
Energía, Georgina Kessel, recordó hoy que LyFC "se negaba a
proporcionar el servicio a los usuarios potenciales" en el centro
del país, lo que representaba un lastre para el desarrollo de
México. EFE