La Paz, 15 sep (EFE).- El grupo mexicano Chihuahua expresó hoy su
deseo de lograr un acuerdo "justo" con el Gobierno del presidente
boliviano, Evo Morales, para una indemnización por la expropiación
de sus acciones en una fábrica de cemento, y agregó que recurrir a
un arbitraje sería un caso "extremo".
Así lo informó el director general del Grupo Cementos de
Chihuahua, Manuel Milán, quien arribó hoy a La Paz con su director
de Planificación, Jaime Fernández, para reunirse con ministros de
Morales, empresarios y sus socios bolivianos de la Sociedad
Boliviana de Cemento (Soboce).
Tras una reunión con la mayor patronal del país, Milán reconoció
que la expropiación de las acciones de Soboce en la empresa mixta
Fancesa sorprendió y disgustó al grupo, pero aclaró que no van a
discutir la decisión porque es "un hecho consumado" y "una
circunstancia que no está pasando solamente en Bolivia".
Añadió que ir a un arbitraje sería "el extremo" y aseguró que la
firma quiere concluir las negociaciones con Morales "de una manera
transparente, justa y rápida".
"No quisiéramos de ninguna manera llegar a un proceso
confrontacional. No venimos a pelearnos. Venimos a entender,
escuchar y buscar que se llegue a una solución justa", dijo Milán en
rueda de prensa.
Morales expropió las acciones de Soboce en Fancesa, equivalentes
al 33% del capital de esta cementera mixta, en beneficio de la
gobernación de la provincia sureña Chuquisaca, dirigida por el
oficialista Esteban Urquizo.
El mandatario dijo que aprobó la confiscación porque la compra de
ese paquete accionarial en 1999 fue irregular, lo cual niegan los
afectados.
En Soboce, principal productora de cemento del país, tiene el 51%
un grupo de inversores bolivianos encabezados por el político
opositor Samuel Doria Medina y 47% el grupo mexicano.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, anunció la
semana pasada que se hará un estudio para "conciliar" lo que han
ganado y pagado los expropiados, y no descartó reclamarles una
compensación.
Milán pidió hoy que se busque una empresa "capaz e independiente"
para valorar las acciones confiscadas.
Agregó que, a pesar de la expropiación, el grupo Chihuahua
decidió permanecer otros cinco años en Bolivia, por ser "un país
hermano y una economía con mucho potencial".
Los ejecutivos mexicanos prevén reunirse mañana con el canciller
boliviano, David Choquehuanca, y el lunes próximo con la ministra de
Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi. EFE