Buenos Aires, 13 ene (EFE).- El oficialismo y la oposición
parlamentaria en Argentina dejaron hoy en evidencia sus profundas
diferencias en torno al conflicto entre el Gobierno y el Banco
Central por el uso de reservas para el pago de deudas, asunto que
también se hunde en un laberinto judicial.
La comisión bicameral encargada de controlar los decretos
presidenciales de necesidad y urgencia no logró hoy llegar a un
dictamen de consenso sobre la validez de la decisión adoptada el
jueves pasado por la jefa de Estado, Cristina Fernández, de cesar al
presidente del Banco Central, Martín Redrado, por negarse a
habilitar el uso de reservas para el pago de deudas soberanas.
Ante la falta de acuerdos en la comisión, que está conformada a
partes iguales entre opositores y oficialistas, la reunión
parlamentaria concluyó con dos dictámenes.
Uno, el de la oposición, rechaza la validez del decreto por el
que Fernández cesó en su cargo a Redrado, quien un día después fue
restituido en la presidencia del Banco Central por un fallo
judicial.
La oposición alega que el titular del Banco Central sólo puede
ser removido con el aval del Parlamento.
El otro dictamen, el del oficialismo, por el contrario, da el
visto bueno al decreto presidencial por considerar que el consejo
parlamentario para la remoción del presidente de la entidad
monetaria no es vinculante.
"Martín Redrado no puede estar un día más al frente del Banco
Central", señaló el titular del bloque oficialista del Senado,
Miguel Ángel Pichetto, durante la reunión de la comisión.
Esta misma comisión ya había dejado en evidencia sus
discrepancias cuando en diciembre pasado concluyó una reunión
similar a la de hoy con dos dictámenes contrapuestos respecto a la
validez del decreto presidencial que dispuso la creación de un fondo
por 6.569 millones de dólares provenientes de reservas monetarias
para cancelar deudas en 2010.
El senador Gerardo Morales, de la opositora Unión Cívica Radical,
exigió terminar con este "culebrón", que la presidenta anule los
decretos y convoque a sesiones extraordinarias para que en febrero
se debata en las cámaras cómo pagar las deudas y cómo resolver la
cuestión del Banco Central.
Pero el oficialismo insistió con su negativa en la convocatoria a
sesiones extraordinarias y señaló que los dictámenes divergentes
sobre los decretos presidenciales serán analizados en el pleno del
Congreso a partir de marzo, cuando se inicie el período ordinario.
En el otro frente donde se dirime este conflicto, el judicial, el
asunto también se adentró hoy aún más en un complejo laberinto.
La magistrada María José Sarmiento aceptó hoy la medida cautelar
presentada por diputados de la oposición que pedía la suspensión del
decreto sobre el uso de reservas hasta tanto se pronuncie el
Parlamento.
A partir del reclamo de otro grupo de legisladores opositores, la
misma jueza había suspendido ya el pasado viernes la aplicación de
los dos decretos presidenciales ejes de la polémica.
En tanto, un tribunal federal de alzada comenzó hoy el proceso
para analizar las apelaciones presentadas por el Gobierno contra los
fallos de la jueza Sarmiento.
Pero esta Cámara en lo Contencioso Administrativo no podrá
continuar con este análisis dado que la recusación presentada por
Redrado y miembros de la oposición contra dos de sus miembros dejó
al tribunal de alzada en una situación compleja.
La suspensión de los decretos desató un escándalo político,
agravado el martes por la decisión del juez de Nueva York Thomas
Griesa de embargar cuentas del Banco Central en la Reserva Federal
de EE.UU. por 1,7 millones de dólares, tras la petición de dos
fondos de inversión "buitres".
La medida fue apelada hoy por la autoridad monetaria argentina.
"Hemos tenido un día de trabajo muy intenso y tenemos resultados
muy positivos de la audiencia que ha tenido nuestro equipo en Nueva
York y, por eso, estoy muy confiado de que podamos revertir el fallo
del juez Griesa", dijo Redrado.
La presidenta argentina cargó hoy de nuevo contra la oposición y
lanzó un llamamiento a la "reflexión" de los sectores involucrados
en la polémica para evitar cometer los "errores del pasado".
"Yo les pido coherencia, no por nosotros, sino por los de afuera.
(...) Argentina se torna muy inentendible para los de afuera y muy
perjudicial para los empresarios", dijo la mandataria en un acto en
la sede del Gobierno. EFE