Buenos Aires, 24 ago (EFE).- Legisladores opositores avanzaron en
su estrategia para reducir los derechos a la exportación de granos
al vencer hoy más de 300 facultades parlamentarias delegadas en el
Gobierno, entre ellas, la fijación de tasas aduaneras.
Tras más de cuatro horas de debate, los diputados y senadores
aprobaron hoy en comisiones un dictamen de mayoría del proyecto del
diputado radical Ricardo Buryaile que plantea la bajada progresiva
de los derechos a las exportaciones de granos (retenciones), apoyado
por las principales fuerzas de la oposición.
De esta manera, los legisladores habilitaron el debate del
proyecto en el Parlamento, a tono con el reclamo de las patronales
agropecuarias.
Las propuestas para bajar los derechos de exportación de granos y
carne vacuna han generado divisiones en la llamada Mesa de Enlace,
que reúne a las cuatro principales asociaciones del sector
agropecuario.
Mientras la Federación Agraria Argentina (FAA) reclama que la
reducción se aplique en forma segmentada en beneficio de los
pequeños productores, la Sociedad Rural Argentina (SRA) pide que la
baja sea similar para todo el sector.
"En tanto no se apoye contundentemente la segmentación, no tenga
ninguna duda de que hay quiebre de la Mesa de Enlace", señaló este
lunes el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, en declaraciones
calificadas como una "presión" por parte del presidente de la SRA,
Hugo Biolcati.
La intención del Gobierno de incrementar en 2008 los impuestos a
la exportación desató un duro conflicto con el campo, que logró el
rechazo del Senado a la medida con el voto decisivo del
vicepresidente argentino, Julio Cobos, enfrentado desde entonces con
la presidenta, Cristina Fernández.
Tanto las patronales agrarias como sectores de la oposición
apuntan ahora a modificar las tasas del sector dado que vencen hoy
las denominadas facultades delegadas al Gobierno, que incluyen la
fijación de los derechos de exportación.
"Hace falta que el Congreso haga un esfuerzo mayor para dejar las
retenciones en el marco de racionalidad que nos están pidiendo los
productores agropecuarios", planteó hoy la diputada del peronismo
disidente Graciela Camaño.
La aplicación de las llamadas facultades delegadas, un conjunto
de más de 300 normas impuestas por el Poder Ejecutivo sin la
aprobación legislativa previa, fueron prorrogadas en 2009 por el
Parlamento por un plazo de un año que vence este martes y la
oposición se opone a renovarlo.
De esta manera, el Gobierno deberá lograr el acuerdo de las dos
cámaras antes de resolver cuestiones en torno a la Comisión Nacional
de Valores, al Banco Central, el Procedimiento Tributario y al
Código Aduanero, entre otros asuntos.
"Las leyes siguen vigentes. Toda norma surgida al amparo de esta
legislación se mantiene vigente. Lo que no podrá hacer el Poder
Ejecutivo es modificarlas", sostuvo el diputado de Solidaridad e
Igualdad (centroizquierda) Eduardo Macaluse.
En tanto, la diputada de la opositora Coalición Cívica Elisa
Carrió presentó hoy una acción declarativa ante la Corte Suprema de
Justicia de Argentina para que se pronuncie sobre las resoluciones
que fueron dictadas por el Ejecutivo de la mano de las facultades
delegadas.
"Algunos creemos que caducan las facultades y las normas que se
dictaron, otros creen que las normas continúan vigentes. Vamos a la
Corte para que en dos o tres meses defina la cuestión", explicó
Carrió. EFE