Oposición argentina deja vacaciones para frenar pago deudas con divisas

Alejandro Méndez

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- El enfrentamiento entre el Gobierno y el Banco Central de Argentina por el uso de las reservas monetarias del país para el pago de deudas saco del letargo estival a la oposición, que ya logró incluso un fallo judicial favorable.

El fallo judicial sostiene que debe ser el Parlamento, en receso hasta el 1 de marzo próximo, el que decida sobre el uso de reservas del instituto emisor, como aduce la oposición y rechaza el Gobierno, que ya anunció que va a apelarlo.

Este revés judicial para el Gobierno se conoció el mismo día en que se hizo efectivo el cese del presidente del Banco Central, Martín Redrado, a quien la presidenta Cristina Fernández destituyó mediante un decreto firmado por todos sus ministros por su negativa a cumplir con los mandatos del Gobierno para el uso de las reservas.

El conflicto abrió el debate sobre el grado de autonomía del Banco Central, además de variadas interpretaciones de leyes, reglamentos y la Constitución Nacional, algo habitual cada vez que hay tensiones políticas en Argentina, donde es común citar la frase "la mitad de la biblioteca a favor y el resto en contra" cada vez que estalla una discusión, cualquiera sea el motivo.

En este caso se discute la validez de decretos presidenciales en momentos en que el Parlamento está en receso desde fines de noviembre y hasta el 1 marzo próximo, a menos que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, cosa que no ha hecho ni ha dado señales de querer hacer.

La oposición afirma que el Gobierno quiere echar mano a las reservas monetarias (48.100 millones de dólares) para solventar un aumento del gasto público con vistas al "año electoral" de 2011, cuando vence el mandato presidencial de Fernández.

En la trastienda, opositores y economistas aducen que el uso de reservas para pagar deudas puede reavivar los intentos de acreedores de bonos en mora, entre ellos fondos de inversión especulativa, por embargar fondos del Banco Central, como ya lo han intentado sin éxito.

Además se ha reavivado la antigua polémica sobre la "legitimidad" de la deuda exterior contraída por Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983), puesta en duda por un juez federal que en 2000 se desmarcó del asunto y lo puso a consideración del Parlamento, que desde entonces no se ha pronunciado.

El Frente para la Victoria, fracción del Partido Justicialista (peronista) que lidera el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor en el cargo de Fernández, ha perdido la mayoría propia que tenía en la Cámara de Diputados y el Senado al ser derrotado en las elecciones legislativas de junio pasado.

A comienzos de diciembre último se acordó que la oposición presidirá 25 comisiones de las dos cámaras legislativas y el oficialismo las otras 20, entre ellas la estratégica de Presupuesto y Hacienda, pero se aplazó para febrero la designación de los respectivos presidentes de cada una de ellas.

Desde las filas del oficialismo afirman que la oposición aplazó designar a sus representantes a causa de sus disputas internas y remarcan que el Frente para la Victoria sigue siendo la fuerza mayoritaria en el Parlamento, seguida por la Unión Cívica Radical (UCR) y coaliciones de centro y centro izquierda y de peronistas disidentes aliados a la conservadora Propuesta Republicana.

Mientras, está dividida entre ocho oficialistas y otros tantos opositores la comisión parlamentaria encargada de controlar los decretos presidenciales. Paradójicamente, esta comisión fue creada por una reforma que impulsó Fernández cuando era legisladora.

Los dirigentes de la oposición, ya sea de vacaciones o en vigilia en Buenos Aires, prevén reunirse la semana próxima en la capital en busca de forzar una sesión para que el Parlamento se pronuncie sobre el asunto.

Redrado, que ya ha anunciado su intención de recurrir a la justicia para que anule su destitución, dijo hoy que se ha "jugado entero" en defensa de "los ahorros de los argentinos" y del "valor de la moneda".

Desde el gobierno han recordado que Redrado estaba al frente del Banco Central cuando Argentina usó unos 9.500 millones de dólares de sus reservas para cancelar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, en enero de 2006, cuando el presidente era Kirchner.

"Voy a demandar penalmente a la presidenta y sus ministros por querer tomar fondos del Banco Central para pagar una deuda que en parte es ilegítima", ha dicho el diputado y cineasta Fernando "Pino" Solanas, líder de una fuerza de centroizquierda.

Solanas parece ser el único dirigente que recuerda que el Parlamento sigue sin pronunciarse sobre el fallo que en 2000 puso a su consideración el juez Jorge Ballestero luego de dictaminar que la deuda contraída por la dictadura militar era "contraria a los intereses" del país. EFE