Buenos Aires, 9 ene (EFE).- La oposición de Argentina consideró
hoy que el enfrentamiento entre el Gobierno y el Banco Central debe
resolverse en el ámbito de la política y "no de la Justicia", ya que
esto puede desatar un "choque" entre los poderes del Estado.
Las respuestas a estos casos "las tiene que dar la política y no
la Justicia", afirmó el líder de la opositora Unión Cívica Radical
(UCR), el senador Ernesto Sanz, luego del revés que afrontó este
viernes el Gobierno en los tribunales con la suspensión de dos
decretos presidenciales que habían despertado polémica.
La magistrada María José Sarmiento, a cargo del fuero contencioso
administrativo durante el actual receso judicial, suspendió ayer un
decreto que habilitaba el uso de reservas monetarias del Banco
Central para pagar deudas soberanas de este año, a raíz de un
reclamo de las principales fuerzas de oposición.
El decreto firmado por la presidenta argentina, Cristina
Fernández, a mediados de diciembre, crea el "Fondo del Bicentenario"
con reservas monetarias por 6.569 millones de dólares para saldar
pasivos.
La misma jueza suspendió horas después otro dictamen presidencial
que cesaba al titular del Banco Central, Martín Redrado, por su
negativa a usar reservas (unos 48.100 millones de dólares) para
pagar deudas.
En declaraciones radiales, Sanz confirmó que el próximo miércoles
se reunirá la comisión parlamentaria encargada de controlar los
decretos presidenciales, integrada por ocho legisladores
oficialistas y otros tantos opositores.
El líder de la UCR pronosticó entonces que habrá una paridad en
la votación ya que "está muy marcada la diferencia" entre
oficialistas y opositores.
"Ambos decretos, indefectiblemente, tendrán que tratarse en los
plenarios de ambas cámaras" y para ello será "necesario que el
presidente del Senado, Julio Cobos, y el de Diputados, Eduardo
Fellner, convoquen a sesión en un corto plazo", explicó Sanz a Radio
10, de Buenos Aires.
El Gobierno argentino pidió anoche a la Policía Federal que
busque a la jueza que suspendió la destitución de Redrado para poder
apelar el fallo.
"Estamos buscando a la jueza, pero no la encontramos, le pedimos
a la Policía Federal que la busque para que le de al Estado la misma
posibilidad que le dio a Redrado", afirmó el jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, a la televisión local.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó este viernes
que el Gobierno también apelará la resolución que suspende el
decreto que habilita el uso de reservas.
El abogado de Redrado, Gregorio Badeni, afirmó sin embargo que
"el Gobierno no tiene que buscar a la jueza, sino que tiene que
presentar la apelación en los tribunales".
La magistrada dijo hoy a la televisión local estar "sorprendida"
por tener un patrullero policial en la puerta de su casa y consideró
que el país atraviesa una "difícil" crisis institucional.
La jueza aceptó el recurso de amparo que había presentado este
viernes Redrado, quien minutos después de conocerse el fallo de
Sarmiento ingresó a la sede de la entidad monetaria y posteriormente
firmó un "acta de reasunción".
"Vuelvo a trabajar al banco, se hizo justicia", dijo Redrado en
escuetas declaraciones al ingresar al edificio de la entidad.
Posteriormente, en una entrevista televisiva, el restituido
titular de la entidad monetaria dijo que no ha incumplido su "deber
de funcionario público", ni ha tenido "mala conducta", tal como
indicó el decreto de su cese firmado por la presidenta y todos los
ministros.
El funcionario indicó que el "Fondo del Bicentenario" fue abierto
en las horas que él permaneció destituido, pero "está inhibido de
realizar transferencias" hasta "que lo decida la Justicia".
El Gobierno de Fernández le había pedido a Redrado que renunciara
el pasado miércoles por su negativa a habilitar el uso de reservas,
pero ante el rechazo del funcionario a dimitir, la presidenta
resolvió emitir el decreto de su cese.
La prensa local advierte hoy que idas y vueltas entre el Gobierno
y la Justicia, sumada a la intervención del Parlamento, "amenaza con
derivar en un choque" entre los tres Poderes del Estado. EFE