México, 20 nov (EFE).- Diversas organizaciones ambientalistas y
sociales de México pidieron hoy a las autoridades mexicanas que
cierren definitivamente la operación de la Minera San Xavier, filial
de la canadiense New Gold, la cual fue parada por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En una carta enviada al titular de la Profepa, Patricio Patrón,
organizaciones como Greenpeace México, Observatorio Ciudadano de
Vigilancia Ambiental (OCVA), Red Mexicana de Acción frente al Libre
Comercio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre otros,
demandaron "tomar acción urgente para sacar definitiva e
inmediatamente a la trasnacional Minera San Xavier (MSX)".
El jueves la Profepa clausuró MSX y le exigió un plan de cierre
definitivo, lo que la empresa ha anunciado que apelará en los
tribunales.
Esa compañía lleva a cabo un proyecto de minería de tajo a cielo
abierto en el cerro de San Pedro, emblema del escudo del estado de
San Luis Potosí, para extraer oro y plata, lo que ha generado el
rechazo de varias agrupaciones civiles desde hace aproximadamente
dos años.
De momento, la empresa suspendió las actividades de extracción de
minerales, pero no las de procesamiento.
"No sólo los argumentos ambientales por los que esa corporación
nunca debió operar en la zona siguen vigentes, hoy, además, la ley
le exige actuar sin dilación para ponerle un alto a este caso,
ejemplo de impunidad ambiental", indicaron los firmantes de la
misiva, entre los que se cuenta también la Unión de Grupos
Ambientalistas IAP.
A juicio de las organizaciones, en el caso de MSX "el delito es
flagrante, innegable, depredador y afecta al bien común de los
mexicanos".
Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental
(OCVA) indicó en otro comunicado que el cierre temporal "es sólo el
primer paso para cumplir con la ley ambiental", y que es necesario
"que los funcionarios responsables del desacato al fallo judicial de
revocación de permiso sean llamados a rendir cuentas".
Para la OCVA ha quedado comprobado con "pruebas contundentes el
impacto ambiental y las irregularidades en la tramitación y
obtención de los permisos (con los que opera la compañía) desde hace
casi diez años".
"Las alteraciones al medio ambiente, a la flora y a la fauna, y
los impactos sociales están consumados, alguien tiene que hacerse
responsable de ellos, por una parte la empresa, pero por otra las
autoridades locales y federales que violaron la ley por tanto
tiempo", agregó en la nota Patricia Arendar, directora ejecutiva de
Greenpeace México.
El cierre de la empresa se llevó a cabo después de que la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
ordenara anular el permiso de impacto ambiental concedido a la mina
de MSX en Cerro de San Pedro. EFE