Lima, 14 jun (EFE).- La ciudad peruana de La Oroya, a 185
kilómetros al este de Lima, acató hoy un paro indefinido para pedir
la reanudación de operaciones del complejo metalúrgico de la empresa
Doe Run, a la que el Gobierno ha negado nuevas prórrogas en su
programa de adecuación y manejo ambiental.
Los pobladores de La Oroya, dependientes directa o indirectamente
del complejo metalúrgico de capital estadounidense, formaron
piquetes desde la madrugada para bloquear la vital carretera
central, que comunica a Lima con el centro del país, y al mediodía
el tránsito era muy restringido, informaron a Efe fuentes
policiales.
Según la comisaría de La Oroya, en el transcurso de la mañana
hubo tres personas detenidas que estaban transitando "en actitudes
sospechosas", pero después fueron liberadas.
La Policía lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes para
limpiar la carretera que había sido cubierta con piedras en un
tramo, y negó las versiones periodísticas de que haya cuatro heridos
a consecuencia del enfrentamiento.
La masa de manifestantes "sigue ahí" alrededor de la carretera en
escaramuzas con la Policía: cuando es dispersada por los agentes,
los vehículos logran atravesar la zona lentamente, hasta que
regresan de nuevo a la vía, dijeron las fuentes.
Sin embargo, el secretario general de la Federación Nacional de
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Luis Castillo, declaró a Efe
que la Policía ingresó a las viviendas de los trabajadores en la
localidad de Marcavalle lanzando bombas lacrimógenas.
"La situación es bastante difícil, pedimos al Gobierno no
provocar a los trabajadores y que se abra el diálogo porque esto a
nada bueno va a conducir", agregó.
Castillo se quejó también de que la intervención policial en las
casas dejó varios niños "asfixiados y asustados".
El dirigente sindical, que trabaja en Doe Run, informó que las
organizaciones sociales de La Oroya convocaron una marcha de
banderas blancas que recorrió la ciudad al mediodía para pedir que
se evite la violencia y se cumpla con los compromisos
medioambientales.
Doe Run suspendió sus actividades hace más de un año debido a los
problemas financieros que le impidieron terminar su programa de
adecuación y manejo medio ambiental, para reducir las emisiones de
dióxido de carbono en el procesamiento de cobre, que hacen de La
Oroya el municipio más contaminado de América.
El Gobierno le dio 10 meses de plazo para culminar con las obras,
que termina el 24 de julio, y le flexibilizaron las condiciones
financieras, pero la empresa respondió hace unos días pidiendo
nuevos requisitos entre los que figuran una modificación en el
contrato para proteger a sus accionistas de posteriores demandas
judiciales y el pago fraccionado de una millonaria deuda tributaria.
Castillo agregó que los trabajadores han decidido ir al paro como
una reacción ante el anuncio del Gobierno de que cerrará la
fundición el 24 de julio si persiste en la paralización de
actividades.
Rechazó el plan de que los trabajadores de Doe Run sean
reubicados en otros centros mineros del centro de Perú porque el
trabajo de metalurgia que ellos realizan en la fundición es muy
diferente al que se desarrolla en la extracción de mineral.
El presidente de Perú, Alan García, dijo, en declaraciones a los
periodistas, que la compañía buscar chantajear al Gobierno
recurriendo a la manipulación de sus trabajadores, y conseguir así
que el Parlamento les dé más plazos "para que finalmente no invierta
ni dé solución al problema de contaminación del medio ambiente".
"Esta es una empresa que ha tenido muchas gollerías (beneficios)
con muchas excepciones a lo largo de muchos años", (pero) "si no
cumple con presentar los recursos para completar el tratamiento
ambiental, entonces la mina y la refinería deben ser cerradas",
afirmó.
El jefe de Estado pidió a los trabajadores que "no caigan en el
juego de la empresa, ya cayeron una vez, ellos tenían fe en que
dándole un año de plazo a la empresa iba a conseguir los recursos,
pero ahora vemos que no se ha logrado eso".
No obstante, Castillo respondió al mandatario que en este caso
hay " una confabulación del Gobierno y la empresa (...) para
dejarnos sin puesto de trabajo y desaparecer los sindicatos". EFE
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