Petrolera estatal boliviana perdió 9,3 millones de dólares por corrupción

La Paz, 20 abr (EFE).- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) perdió 9,3 millones de dólares al no poder cobrar a compañías aseguradoras una garantía depositada por una privada vinculada a un escándalo de corrupción, confirmó hoy la empresa petrolera.

El dinero era la garantía presentada por la firma Catler Uniservice para la construcción de una planta de gas en la región oriental de Santa Cruz por 86 millones de dólares, un proyecto suspendido tras el escándalo descubierto el año pasado.

Un juzgado de La Paz emitió un edicto, difundido hoy por la estatal petrolera, en el cual se informa que el consorcio presentó tres pólizas de garantía de cumplimiento de contrato de la obra mediante tres firmas aseguradoras bolivianas.

La garantía económica asciende a 9.344.615 dólares, "suma de dinero que YPFB no podrá recuperar, provocando un daño económico al Estado boliviano, toda vez que las empresas aseguradoras han rechazado la solicitud efectuada por la estatal en cuanto a la ejecución de las pólizas", señala el edicto.

Entre los argumentos expuestos por las aseguradoras para negar la ejecución de las pólizas a favor de YPFB figuran las cuatro modificaciones realizadas al contrato, la posterior anulación del documento y el propio hecho de corrupción, pues según el Código de Comercio, ninguna póliza puede dar cobertura a un ilícito.

El escándalo de corrupción en la estatal petrolera estalló en enero de 2009 con el asesinato en La Paz del presidente de Catler, el boliviano Jorge O'Connor a manos de asaltantes cuando ingresaba con 450.000 dólares a una casa de familiares del entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.

La Fiscalía sospecha que ese dinero era para pagar una comisión ilegal a Ramírez por la adjudicación a Catler del contrato para la construcción de la planta de gas en Santa Cruz.

Meses después, el Gobierno decidió dejar sin efecto el acuerdo por las "irregularidades" descubiertas en la redacción del contrato, tras las denuncias de corrupción en YPFB que derivaron en la destitución y encarcelamiento de Ramírez.

El edicto también ratifica que el Estado boliviano perdió 16,5 millones de dólares que fueron desembolsados como anticipo a favor de Catler y de una firma estadounidense subcontratada para la fabricación de partes para la planta.

El tribunal que emitió el documento concluye solicitando la acusación formal contra doce personas implicadas en el caso, entre ellos Santos Ramírez, a quien se ha imputado por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y asociación delictiva, entre otros.

Junto a Ramírez están acusados por delitos similares su ex esposa Jiovana Navia, el empresario argentino Agustín Tomás Melano, también ejecutivo de Catler Uniservice, y otros ex funcionarios de YPFB y empleados del consorcio. EFE