Lima, 7 ago (EFE).- Los dirigentes de la provincia La Convención,
en la región de Cuzco, que impulsan un paro contra la exportación
del gas peruano, propusieron que el diálogo con el Ejecutivo para
solucionar el conflicto se inicie el martes, dijo hoy el presidente
de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos.
Al culminar la reunión con representantes del llamado comité
central de lucha de Quillabamba, capital de la provincia de La
Convención, Cabrejos manifestó a Radio Programas del Perú (RPP) que
los dirigentes exigen mayor "flexibilidad" por parte del Gobierno.
"De la reunión con los dirigentes tengo 30 puntos, los cuales voy
a llevar al señor premier (Velásquez) y a los ministros involucrados
en el tema. El día martes se paralizarán las acciones (medidas de
fuerza) para el diálogo correspondiente entre las autoridades y
pobladores", precisó el obispo peruano.
Cabrejos se reunió hoy en Quillabamba para facilitar el inicio
del diálogo con el Ejecutivo el próximo lunes, fecha propuesta por
el primer ministro peruano, Javier Velásquez.
En esa reunión también participaron el representante de la
Defensoría del Pueblo en Cuzco, Silvio Campana, y otros
funcionarios.
El obispo católico precisó que además hizo entrega de nueve
toneladas de alimentos para ser repartidas entre los pobladores más
necesitados, a través de Cáritas de Quillabamba, agregó RPP.
El Gobierno peruano anunció ayer un diálogo que se iniciará el
lunes próximo con los promotores de un paro contra la exportación de
gas, después de que las localidades de Kiteni, foco de las
protestas, y la aledaña Kepiashato, levantaran su medida de fuerza.
Velásquez Quesquén especificó ayer que espera que Quillabamba se
una a la tregua de Kiteni y Kepiashato para que el lunes próximo
participe en el diálogo con el Gobierno.
Kiteni, Kepiashato y Quillabamba se localizan en la provincia
cuzqueña de La Convención, situada a unos 1.200 kilómetros al
sureste de Lima y donde se encuentra el yacimiento de gas de
Camisea.
La exportación del gas natural peruano, que ya comenzó con envíos
a México y España, es objeto de una fuerte oposición dentro del
país.
Las provincias del sur y sectores de izquierda, especialmente,
protestan porque el gas no llega a las mismas provincias donde se
produce y porque su venta en Perú es más costosa para el consumidor
que en el caso del gas exportado.
La Defensoría del Pueblo está encargada de elaborar una agenda y
un cronograma de trabajo de cara a ese diálogo, para acabar con unas
protestas que se iniciaron el 27 de julio pasado y se han saldado ya
con 18 heridos de perdigones y bala, aunque el Gobierno aseguró que
la policía no usó armas de fuego para reprimir las protestas. EFE