Reforma fiscal desata discordia entre Gobierno, empresarios y oposición

Oscar Oliva

Guatemala, 25 nov (EFE).- La reforma fiscal impulsada por el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, para aumentar la recaudación de impuestos en uno de los países con menor presión tributaria del continente ya ha desatado la discordia con empresarios y opositores, que consideran la medida inapropiada en un momento de crisis.

Colom envió al Congreso el pasado lunes una propuesta que incluye la modificación de tres impuestos directos y la creación de un nuevo tributo a las telefónicas, con el fin de elevar la carga tributaria desde 9,9% a un 11,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010.

La cifra actual de 9,9% coloca a Guatemala entre los países con menos presión impositiva en la región, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

Por eso, el presidente reclama desde hace meses el incremento de los recursos del Estado para continuar con sus programas sociales y, según dijo la semana pasada, "superar los indicadores tan vergonzosos que han dejado las políticas anteriores".

"Tener más educación, salud, empleo y seguridad cuesta dinero, por eso anuncié el ajuste fiscal", dijo ayer Colom.

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, contempla una subida del 5 al 6% en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como del 1% al 2% en el Impuesto de Solidaridad (ISO), el cual afecta solo a las grandes empresas.

También incluye un incremento del 3% al 6% en el Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado, y la creación de un impuesto a la telefonía móvil de 15 centavos de quetzal (casi 2 centavos de dólar) por cada minuto de uso.

Con estas medidas, según el gobernante guatemalteco, el Estado logrará captar durante 2010 unos 3.200 millones de quetzales (cerca de 385,42 millones de dólares), mientras que con el combate a la corrupción y el contrabando se obtendrán 3.000 millones de quetzales (más 361,4 millones de dólares).

Pero las nuevas medidas impositivas que persigue la Administración de Colom ya se han topado con la oposición de los empresarios y partidos de distinto signo, que las consideran "irracionales" porque afectarán a los consumidores.

Incluso Mario Taracena, de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, que deberá analizar el paquete para dictaminar sobre él, ha calificado como "un chapuz" (chapuza) la iniciativa.

Según dijo hoy Taracena a periodistas, lo que el Gobierno propone es un incremento de impuestos y no una reforma fiscal integral que ataque el contrabando y la evasión.

La reforma planteada por el presidente se produce en un año en que el fisco dejará de recaudar unos 6.000 millones de quetzales (722 millones de dólares) en concepto de impuestos por los efectos de la crisis económica.

La poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ya manifestó su rechazo al ajuste fiscal por considerar que el aumento del ISR y el ISO afectará a las micros y pequeñas empresas.

El vicepresidente del Cacif, Carlos Amador, aseguró el martes a periodistas que los efectos de la medida representarán una menor recaudación el próximo año.

Las empresas de telefonía celular también han expresado su rechazo a la creación del impuesto por ese servicio y han advertido que trasladarán al usuario los casi dos centavos de dólar que se plantea en la propuesta gubernamental.

En declaraciones a la prensa local, el presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Juan Pablo Carrasco, comentó que la creación del tributo a las telefónicas que dan servicio móvil hará que el país pierda competitividad.

El presidente de la gremial de telecomunicaciones, Edwin Solares, advirtió de que la medida ahuyentará la inversión porque ninguna empresa querrá llegar a Guatemala al existir nuevos reglamentos para la prestación del servicio.

Roxana Baldetti, secretaria del Partido Patriota (PP), el principal de la oposición en Guatemala, calificó de "irracional" la idea del gobierno de incrementar los impuestos, porque afectará directamente a la población.

"No es justo que mientras el pueblo de ajusta el cinto, el Gobierno no hace el menor esfuerzo por transparentar el gasto", señaló. EFE