Oscar Oliva
Guatemala, 25 nov (EFE).- La reforma fiscal impulsada por el
presidente de Guatemala, Álvaro Colom, para aumentar la recaudación
de impuestos en uno de los países con menor presión tributaria del
continente ya ha desatado la discordia con empresarios y opositores,
que consideran la medida inapropiada en un momento de crisis.
Colom envió al Congreso el pasado lunes una propuesta que incluye
la modificación de tres impuestos directos y la creación de un nuevo
tributo a las telefónicas, con el fin de elevar la carga tributaria
desde 9,9% a un 11,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010.
La cifra actual de 9,9% coloca a Guatemala entre los países con
menos presión impositiva en la región, según el Banco Interamericano
de Desarrollo.
Por eso, el presidente reclama desde hace meses el incremento de
los recursos del Estado para continuar con sus programas sociales y,
según dijo la semana pasada, "superar los indicadores tan
vergonzosos que han dejado las políticas anteriores".
"Tener más educación, salud, empleo y seguridad cuesta dinero,
por eso anuncié el ajuste fiscal", dijo ayer Colom.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento,
contempla una subida del 5 al 6% en la tasa del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), así como del 1% al 2% en el Impuesto de Solidaridad
(ISO), el cual afecta solo a las grandes empresas.
También incluye un incremento del 3% al 6% en el Impuesto de
Timbres Fiscales y Papel Sellado, y la creación de un impuesto a la
telefonía móvil de 15 centavos de quetzal (casi 2 centavos de dólar)
por cada minuto de uso.
Con estas medidas, según el gobernante guatemalteco, el Estado
logrará captar durante 2010 unos 3.200 millones de quetzales (cerca
de 385,42 millones de dólares), mientras que con el combate a la
corrupción y el contrabando se obtendrán 3.000 millones de quetzales
(más 361,4 millones de dólares).
Pero las nuevas medidas impositivas que persigue la
Administración de Colom ya se han topado con la oposición de los
empresarios y partidos de distinto signo, que las consideran
"irracionales" porque afectarán a los consumidores.
Incluso Mario Taracena, de la gobernante Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE) y presidente de la Comisión de Finanzas del
Congreso, que deberá analizar el paquete para dictaminar sobre él,
ha calificado como "un chapuz" (chapuza) la iniciativa.
Según dijo hoy Taracena a periodistas, lo que el Gobierno propone
es un incremento de impuestos y no una reforma fiscal integral que
ataque el contrabando y la evasión.
La reforma planteada por el presidente se produce en un año en
que el fisco dejará de recaudar unos 6.000 millones de quetzales
(722 millones de dólares) en concepto de impuestos por los efectos
de la crisis económica.
La poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de
Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ya
manifestó su rechazo al ajuste fiscal por considerar que el aumento
del ISR y el ISO afectará a las micros y pequeñas empresas.
El vicepresidente del Cacif, Carlos Amador, aseguró el martes a
periodistas que los efectos de la medida representarán una menor
recaudación el próximo año.
Las empresas de telefonía celular también han expresado su
rechazo a la creación del impuesto por ese servicio y han advertido
que trasladarán al usuario los casi dos centavos de dólar que se
plantea en la propuesta gubernamental.
En declaraciones a la prensa local, el presidente de la Cámara de
Comercio Guatemalteco-Americana, Juan Pablo Carrasco, comentó que la
creación del tributo a las telefónicas que dan servicio móvil hará
que el país pierda competitividad.
El presidente de la gremial de telecomunicaciones, Edwin Solares,
advirtió de que la medida ahuyentará la inversión porque ninguna
empresa querrá llegar a Guatemala al existir nuevos reglamentos para
la prestación del servicio.
Roxana Baldetti, secretaria del Partido Patriota (PP), el
principal de la oposición en Guatemala, calificó de "irracional" la
idea del gobierno de incrementar los impuestos, porque afectará
directamente a la población.
"No es justo que mientras el pueblo de ajusta el cinto, el
Gobierno no hace el menor esfuerzo por transparentar el gasto",
señaló. EFE