Salida total de los medios por parte de la banca crearía caos, dice regulador

Quito, 28 sep (EFE).- Obligar a los banqueros de Ecuador a vender todas las acciones que tienen en medios de prensa crearía caos en el país, por lo que el Gobierno acepta que se queden con hasta el 25%, dijo hoy a Efe el Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo.

El 20 de octubre vence el plazo para que los banqueros y sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, vendan la mayoría de sus acciones en los medios de comunicación de Ecuador.

Se podrán quedar con un máximo del 25% de esos títulos, según una resolución adoptada por la Superintendencia de Bancos y Seguros a través de la Junta Bancaria.

Ello pese a que el artículo 312 de la nueva Constitución, redactada en 2008, establece que las entidades o grupos financieros no pueden poseer participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera.

Además, prohíbe específicamente a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social.

Jaramillo apuntó que "la disposición constitucional no especificaba porcentajes y eso podría implicar que, aún teniendo porcentajes insignificantes de una milésima o una cienmilésima del capital de una entidad financiera, deberían desinvertir".

"Si miramos el caso general, casi todos los radiodifusores estarían inmersos en esa situación, porque son personas que tienen alguna acción en una mutualista, en una cooperativa de ahorro y crédito, en una serie de instituciones que forman parte del sistema financiero", señaló.

Ello "implicaría que todo el mundo deba deshacerse de las emisoras, de los medios de comunicación en general, lo cual creo que causaría un caos en el país y creo que no es esa la intención, sino realmente cuando haya una significativa participación", anotó.

Cumplida la fecha límite y de no haberse acatado el proceso, la Superintendencia de Bancos lo pondrá en conocimiento del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) "para que se inicie el proceso de reversión conforme está establecido en los cuerpos legales pertinentes", dijo Jaramillo.

Reiteró que, de ocurrir esto, el Estado recuperaría la frecuencia que fue concesionada para uso de un tercero, aunque aclaró que el Estado "no se va a apropiar de los medios".

Con la frecuencia en manos del Estado, el medio "naturalmente" no podrá seguir emitiendo su señal, pero los equipos permanecerán en propiedad de los dueños de la concesión, afirmó.

Algunas voces críticas al Gobierno afirman que la medida merma la libertad de expresión, pero Jaramillo insistió en que "es un mandato constitucional y la Constitución hay que cumplirla".

De su lado, el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, aseguró hoy que las autoridades del sector todavía no han sido informadas sobre la supuesta venta del canal de televisión Teleamazonas, crítico al Gobierno.

Fidel Egas, quien controla el canal como presidente del Banco Pichincha, dijo a principios de mes que ya lo había vendido, aunque no quiso revelar quién ha sido el comprador.

Al asumir su segundo mandato, el pasado 10 de agosto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, recordó a los banqueros que están obligados por la Constitución a vender antes de que finalice octubre los medios de comunicación u otras empresas que no tengan que ver con la actividad financiera.

Al tiempo, alertó a la población sobre posibles intentos de desestabilización de parte de quienes no aceptan los cambios que está atravesando el país.

Desde el inicio de su Gobierno, en enero de 2007, Correa mantiene un pulso con algunos medios de comunicación al considerar que representan los intereses de pequeños grupos en detrimento de la mayor parte de la sociedad.

La Asamblea Nacional trata actualmente un proyecto de ley de Comunicación que ha suscitado temores de que pueda limitar la libertad de expresión de periodistas y de la oposición a Correa, extremo rechazado por el oficialismo. EFE