Ginebra, 1 sep (EFE).- El Gobierno suizo adoptó hoy una nueva
normativa para regular el secreto bancario que niega la asistencia
administrativa a los países que reclamen la transmisión de datos
bancarios basando su petición en informaciones robadas.
De acuerdo a las convenciones de doble imposición revisadas por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), el texto, que entrará en vigor en un mes y que deberá ser
inmediatamente reemplazado por una ley, define las condiciones de la
asistencia administrativa en materia de fraude y evasión fiscal.
De modo que, cuando un país solicite a Suiza la transmisión de
datos alegando doble imposición, la Administración helvética
procederá a un examen preliminar, en el que analizará si la petición
respeta el principio de "buena fe", es decir, si se basa en
informaciones obtenidas de forma lícita.
De no ser así, Suiza negará la asistencia administrativa, así
como exigirá que se ofrezcan datos precisos para identificar a los
presuntos evasores fiscales, con objetivo de evitar la "pesca
indiscriminada".
Por su parte, los afectados podrán recurrir la decisión final al
Tribunal Administrativo Federal (TAF) y la normativa sólo se
aplicará a las peticiones que se realicen a partir del próximo 1 de
octubre.
Este nuevo giro de tuercas al secreto bancario se produce después
de varios acontecimientos que han puesto en jaque su legendaria
existencia, entre ellos, el reciente acuerdo entre Berna y
Washington de transmitir al fisco estadounidense los datos bancarios
de 4.450 clientes del banco suizo UBS sospechosos de evasión fiscal.
El escándalo de UBS fue el preludio de nuevas medidas de
flexibilización del secreto bancario ante las presiones
internacionales, que llevaron a las autoridades helvéticas a firmar
un acuerdo en marzo de 2009 con la OCDE para simplificar los
procesos administrativos en caso de sospechas "demostradas y
concretas".
Asimismo, el Consejo Federal suizo se comprometió entonces a
revisar los acuerdos de doble imposición, aunque dejó muy claro que
el secreto bancario continúa existiendo y que la adaptación a los
estándares de la OCDE en materia administrativa no modifica las
reglas para los contribuyentes domiciliados en Suiza. EFE