Suspenden actividades de cementeras de México y Suiza en minas de Bogotá

Bogotá, 8 jun (EFE).- Las autoridades medioambientales de la capital colombiana ordenaron a las cementeras Cemex, de México, y Holcim, de Suiza, que suspendan la extracción de materiales para la industria de la construcción en minas situadas al sur de la ciudad.

La misma orden le fue impartida a la Fundación San Antonio, de la Arquidiócesis de Bogotá y que explota las minas junto a Cementos de México (Cemex) y Holcim Colombia, filial del grupo suizo Holcim, informó hoy el secretario de Ambiente de Bogotá, Juan Antonio Nieto.

El funcionario explicó en un comunicado que, con sus actividades mineras, las tres empresas cambiaron tres veces el curso del río Tunjuelo, que discurre por la periferia sur bogotana.

Desde 1950, las minas de gravilla y otros materiales de construcción de esa parte de la ciudad han sido sometidas a una explotación intensa que, según la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), ha supuesto la extracción de "más de 80 millones de metros cúbicos de material pétreo".

La actividad afectó el llamado acuífero de Tunjuelito, cuya formación comenzó hace unos dos millones de años, agregó la fuente, y subrayó que su recuperación sólo es posible con el regreso del material extraído, por lo que el daño causado es irreversible.

"Las tres empresas adelantaron actividades de explotación del recurso hídrico subterráneo en el Parque Minero Industrial del Tunjuelo sin contar con la concesión de aguas", advirtió Nieto, cuyo despacho las notificó de la suspensión el pasado viernes.

En un comunicado, el funcionario agregó que también las tres "no respetaron la zona de protección del recurso hídrico superficial y realizaron actividades que no son permitidas en zona de ronda".

"Por eso deben parar actividades y responder por un daño ambiental de más de cincuenta años", puntualizó la autoridad medioambiental, y señaló que las acciones de las empresas llevaron a que se modificara el lecho del río Tunjuelo, se perdiera su cauce, y se afectaran sus acuíferos y aguas subterráneas.

Nieto explicó que, además de la orden de suspensión de actividades mineras, que es preventiva, su despacho abrió contra las tres empresas un "proceso sancionatorio ambiental" que las expone a multas diarias de hasta 2.575 millones de pesos (más de 1,35 millones de dólares).

Además, Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio deberán responder por los cargos de utilización, sin concesión o permiso, del agua y el cauce del río Tunjuelo, así como por incurrir, al parecer, en "las conductas que atentaron contra el recurso hídrico".

Entre otros impactos, la llanura de inundación del Tunjuelo "se transformó (...) en grandes hoyos de hasta cien metros de profundidad" y se "perdió el espacio requerido para que (...) siguiera naturalmente su curso".

Asimismo, la extracción de materiales ha generado grietas, hundimientos y deslizamientos en la zona, fenómenos que, según la SDA, pone en riesgo barriadas y algunas avenidas.

Nieto advirtió que estas empresas sólo podrán retomar las actividades mineras cuando demuestren que han solucionado los impactos ambientales que causaron, garanticen la estabilidad del suelo y cuenten con todos los permisos ambientales para explotar las minas.

En comunicados por separado divulgados tras el anuncio, las compañías Cemex y Holcim coincidieron en informar que acatan, pero no comparten, la decisión de la autoridad ambiental bogotana.

En su nota, Cemex "acata la decisión (...), pero no la comparte, por lo que expondrá todos los argumentos técnicos y legales que certifican sus buenas prácticas de explotación, el respeto al medio ambiente y su compromiso con el bienestar de la comunidad".

Mientras, Holcim dice que "respeta pero no comparte la resolución, pues considera que carece de sustento legal y que no se ajusta a la realidad ni a la labor que la compañía realiza".

Por lo tanto, agrega, "instaurará las acciones legales a las que tiene derecho, a la espera de proteger su buen nombre y viabilizar cuanto antes su explotación y ejercer sus derechos de operación minera en un marco de seguridad jurídica y respeto al Estado de Derecho". EFE