Montevideo, 6 oct (EFE).- El comité científico creado por Uruguay
y Argentina para controlar el medio ambiente en ambos países tuvo
hoy su primera actividad con la visita a la planta de celulosa de la
empresa UPM (ex Botnia), cuya construcción derivó en el peor
conflicto en décadas entre los Gobiernos de estos dos países.
Acompañados por funcionarios de la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (Dinama), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Terrotorial y Medio Ambiente, los técnicos recorrieron las
instalaciones de la planta, señalaron a Efe fuentes de la empresa
encargada de la comunicación de UPM.
Las autoridades de UPM "no harán comentarios" sobre la inspección
y sus alcances, agregaron los informantes.
Con la creación del comité, el pasado 30 de agosto, los
cancilleres de Uruguay, Luis Almagro, y de Argentina, Héctor
Timerman, dieron por finalizado el conflicto entre ambos países que
se extendió por casi siete años.
La planta de celulosa de UPM (ex Botnia) está ubicada en la
periferia de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a unos 300
kilómetros al norte de Montevideo y sobre las costas del río
Uruguay, límite natural entre ambos países.
El comité, formado por dos científicos uruguayos y dos
argentinos, tiene como misión primaria controlar la calidad
ambiental tanto dentro como en las inmediaciones de la planta, así
como en las aguas del río Gualeguaychú, del río Uruguay y de todos
los centros urbanos, agrícolas e industriales de la zona.
El grupo técnico forma parte de la Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU), el organismo bilateral encargado de controlar el
uso de las aguas.
El acuerdo establece que el comité podrá ingresar a la planta
hasta doce veces al año, acompañado de autoridades uruguayas para
tomar muestras de los vertidos que analizarán de forma
independiente.
El enfrentamiento por la construcción y funcionamiento de la
planta derivó en un juicio iniciado por Argentina frente a la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El fallo de la Corte, emitido el pasado abril, reconoció que el
Gobierno uruguayo vulneró convenios vigentes entre ambos países por
no informar sobre el proyecto, pero descartó que la planta contamine
y que deba ser desmantelada.
La corte recomendó también a ambos Gobiernos la instalación de un
grupo conjunto de control sobre el río.
El pasado 28 de julio, el presidente uruguayo, José Mujica, y su
par argentina, Cristina Fernández, acordaron la creación de ese
comité científico.
La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina Gualeguaychú acusa a
la planta de contaminar el río y como forma de protesta bloqueó
durante casi tres años el principal paso de frontera entre ambos
países.
La construcción de la planta, con un coste de 1.800 millones de
dólares, supuso la mayor inversión individual en la historia de
Uruguay. EFE