Madrid, 17 jul (EFE).- Telefónica se mantiene hoy en silencio
tras dar por extinguida su oferta de compra del 30% de las acciones
de Portugal Telecom en la empresa de móviles brasileña Vivo,
operación vetada por el gobierno portugués en un acto que fue
declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La multinacional española comunicó hoy a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) de España el fin del plazo dado a Portugal
Telecom para comprarle su 30% de Vivo, con una oferta sobre la mesa
de 7.150 millones de euros, que el Gobierno de Portugal considera
insuficiente, a pesar de haber incrementado dos veces la empresa
española la propuesta inicial de 5.700 millones de euros.
Portugal Telecom (PT) pidió este viernes -cuando expiraba la
oferta- en una carta de su Consejo de Administración a Telefónica
una prórroga del plazo hasta el 28 de julio para proseguir las
negociaciones, con el compromiso de la operadora lusa de seguir
trabajando para dar una salida positiva a la intención de Telefónica
de adquirir su parte en Vivo.
A esta carta Telefónica ha contestado hoy con otra escueta en la
que recuerda a Portugal Telecom que ya le había sido comunicado el
final del plazo de la oferta la pasada medianoche hora de Lisboa
(01.00 de hoy hora española), después de una ampliación del plazo,
inicialmente estipulado para el pasado 2 de julio, con lo que
rechazaba cualquier nueva prórroga.
Tras la extinción de la oferta de compra, Telefónica se mantiene
en silencio, sin que explique cuáles van a ser sus siguientes pasos.
Un portavoz de la compañía dio hoy a Efe que "habrá que ver qué
otras cosas se hacen. No vamos a decir nada. La próxima será otra
semana".
Entre las opciones que se abren a partir de ahora, los analistas
barajan una eventual actuación judicial de Telefónica e incluso que
ésta disuelva Brasilcel, una sociedad de riesgo compartido holandesa
controlada a partes iguales por la multinacional española y PT y
propietaria del 60% de Vivo.
La operación de compra del 30% de las acciones de la operadora
brasileña Vivo se pudo en marcha el pasado mayo, cuando Telefónica
ofertó 5.700 millones de euros.
PT consideró baja la oferta y fue rechazada por su Consejo de
Administración con el argumento de que su parte en la operadora
brasileña no estaba en venta.
Telefónica, entonces, subió la oferta a 6.500 millones de euros
el 1 de junio, y poco antes de la asamblea de accionistas del 30 de
ese mes la compañía española aumentó la oferta a 7.150 millones de
euros, cantidad que fue del agrado del 73,9% de los accionistas de
PT, pero no del Gobierno portugués, que ejerció el veto mediante su
"acción de oro".
El Ejecutivo de José Sócrates justificó su decisión en la defensa
del interés nacional de que PT siga en Brasil, donde tiene su
principal fuente de ingresos y crecimiento, y rehusó dar marcha
atrás en el veto cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró
ilegal, el pasado día 8, la "acción de oro" ejercida por el Gobierno
de Lisboa.
Telefónica amplió entonces el plazo de extinción de la oferta del
2 al 16 de julio, a la espera de que se flexibilizara la
negociación, sobre todo tras la decisión del tribunal europeo.
Este viernes, fin del plazo del oferta, se evidenció que no
habría acuerdo de compra al mantener el Gobierno portugués su
negativa a aprobar la operación si la oferta de Telefónica "no es
alterada", es decir, mejorada.
Tras conocerse esta postura, las acciones de Portugal Telecom
perdían el viernes en la Bolsa de Lisboa un 4,53% de su valor. EFE