Lima, 18 jun (EFE).- Los trabajadores de la fundición que la
minera norteamericana Doe Run tiene en la ciudad peruana de La Oroya
acordaron hoy levantar la huelga que iniciaron hace cinco días para
exigir el reinicio de las operaciones de la empresa.
Tras una reunión de casi tres horas, el secretario general del
gremio de los trabajadores de Doe Run, Royberto Guzmán, informó de
la decisión, pero también advirtió que la protesta se podría
reanudar si la empresa no reactiva el trabajo en la fundición el 15
de julio, fecha límite fijada por el Gobierno.
Los trabajadores de la minera reclaman la reanudación del trabajo
en el complejo de La Oroya, que lleva un año parado en espera de que
Doe Run solucione diversos aspectos, entre los que destaca la
finalización de un Plan de Adecuación Medioambiental (PAMA) y el
pago de la deuda tributaria que mantiene con el Estado.
La empresa ha pedido al Gobierno una nueva ampliación del plazo
de ejecución del PAMA, así como otra serie de beneficios que el
primer ministro peruano, Javier Velásquez Quesquén, ha calificado de
"chantaje".
Guzmán señaló que el levantamiento del paro se realizó "a cambio
de que Veásquez Quesquén tome conocimiento y convoque una mesa de
diálogo donde los trabajadores puedan expresar su opinión" sobre el
problema.
Para ello, representantes del sindicato viajarán a Lima, donde se
espera formar esta mesa de diálogo con participación de
representantes del gobierno regional de Junín, donde se ubica La
Oroya, 185 kilómetros al este de Lima, y el Arzobispado de Huancayo.
Los trabajadores también decidieron realizar un referéndum que
determine si ellos pueden asumir la conducción o administración del
complejo metalúrgico en caso de que la empresa se declare insolvente
e incapaz de hacer frente a sus deudas.
El paro de los trabajadores de Doe Run, que ganó la licitación de
la fundición de La Oroya en 1997 y también opera desde 1998 la mina
Cobriza, en la región Huancavelica, se inició con fuerza el lunes
pasado.
Ese primer día los manifestantes bloquearon la carretera central,
principal vía de comunicación entre Lima y el centro del país, y
contaron con el apoyo total de los pobladores de La Oroya, aunque la
medida fue perdiendo fuerza con el pasar de los días.
Alrededor de 2.000 policías fueron desplazados hasta La Oroya por
el Gobierno con el objetivo de mantener el orden en esa provincia.
En ese sentido, los trabajadores de la minera también reclamaron
que se excarcele a nueve personas que fueron arrestadas durante las
protestas y pidieron que se cambie la orden de detención emitida
contra sus dirigentes por la de comparecencia. EFE