París, 7 sep (EFE).- La ley sobre las pensiones en Francia, la
reforma más importante del mandato de Nicolas Sarkozy, inicia hoy su
tramitación ante la Asamblea Nacional con todos los sondeos en
contra y una de las jornadas de movilización sindical más
importantes de los últimos años.
Los diputados debaten desde esta tarde un texto cuyo eje
principal es el retraso de la edad mínima para jubilarse de los 60 a
los 62 años, lo que supone elevar de 65 a 67 años la edad que da
derecho a una pensión completa para los que no han cubierto la
totalidad del periodo de cotización requerido.
Sarkozy ya ha advertido de que no habrá cambios en ese punto,
como tampoco en el incremento de la tasa de cotización de los
funcionarios para equipararse a los empleados del sector privado o
la prolongación del periodo de cotización que da derecho a una
pensión completa de 41 a 41,5 años.
El Gobierno se guarda en el bolsillo varias concesiones, para ir
sacando durante el periodo de tramitación parlamentaria en forma de
enmiendas, en tres cuestiones.
Se trataría de compensar a los que realizan trabajos penosos -en
principio se prevé mantener la jubilación a los 60 años para los que
tengan una invalidez del 20%-, a los que han cubierto el periodo de
cotización antes de llegar a la edad de retirarse, y a los que están
penalizados por haber cotizado durante su vida activa a diversos
regímenes de la Seguridad Social.
El debate parlamentario se va a ver contaminado por la
insistencia del jefe del Estado en mantener al frente a su ministro
de Trabajo, Eric Woerth, salpicado por el escándalo que rodea a
Liliane Bettencourt, y al que la justicia investiga por si dio un
trato de favor a la multimillonaria.
Ese asunto puede haber contribuido a que todas las encuestas de
los últimos días han mostrado la oposición claramente mayoritaria de
los franceses a la reforma (entre el 63% y el 73%), aunque las
personas interrogadas admiten en proporciones casi idénticas que un
ajuste en el sistema de pensiones es inevitable.
El Partido Socialista (PS) pretende aprovechar ese sentimiento de
agravamiento de las injusticias con las propuestas del Gobierno y
aunque no ha cuantificado con precisión el impacto financiero de sus
alternativas, insiste en su defensa del derecho a jubilarse a los 60
años y se ha limitado a reconocer que habrá que cotizar más tiempo
conforme aumenta la esperanza de vida.
Los grandes sindicatos (CGT, CFDT y FO) aparecen en principio
unidos en bloque hoy en la organización de la jornada de huelgas y
manifestaciones, en las que esperan sacar a la calle a más de dos
millones de personas, la cifra que habían dado en la anterior
protesta del 24 de junio.
Mañana los líderes de las centrales tienen previsto reunirse para
hacer una valoración de la jornada y de los gestos que está
dispuesto a hacer el Gobierno en su dirección con vistas a nuevas
protestas que podrían llegar este mismo mes.
Sin embargo, la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT)
podría repetir su tradición pactista y flexibilizar su rechazo en
caso de obtener concesiones, sobre todo la retirada de la elevación
de 65 a 67 años de la edad de jubilación para tener una pensión
completa y una mejor compensación a la hora de jubilarse de las
personas que desarrollan un trabajo penoso. EFE